Bolivia.- Bolivia indemnizará a las víctimas de las protestas postelectorales en Senkata con 100.000 bolivianos

Publicado 05/02/2020 1:25:38CET
Bolivia.- Bolivia indemnizará a las víctimas de las protestas postelectorales en
Bolivia.- Bolivia indemnizará a las víctimas de las protestas postelectorales en - Gaston Brito/ DPA - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno interino de Bolivia ha acordado este martes con la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto y Achacachi que indemnizará a las familias de las víctimas de las protestas postelectorales en Senkata con 100.000 bolivianos (algo más de 13.100 euros), que se entregarán en calidad de "ayuda humanitaria".

Los familiares de las víctimas mortales de la represión policial en Senkata rechazaron una indemnización de 50.000 bolivianos (unos 6.500 euros) en un principio, ya que aceptarla les cerraría la posibilidad de poder reclamar una investigación de los hechos ante instancias internacionales.

En este contexto, el representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, ha informado de que se ha acordado con el Gobierno la derogación del montante inicial y la imposibilidad de acudir a instancias internacionales. Los heridos sí que recibirán 50.000 bolivianos, aunque el importe de la indemnización final se determinará de acuerdo a las lesiones que presenten las víctimas, según ha recogido el diario local 'El Deber'.

Asimismo, Inca también ha trasladado que se han acordado "facilidades" para el ingreso a universidades en favor de los heridos y familiares de las víctimas.

La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, y tuvieron lugar numerosas protestas en el país.

En Senkata, una pequeña localidad de El Alto, se registraron 10 muertos y más de 40 heridos después de que la Policía y el Ejército la emprendieran con los partidarios del expresidente de Bolivia Evo Morales, que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El Gobierno, que negó que las fuerzas del orden disparasen sus armas de reglamento, decidió ante la ola de protestas emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal. Finalmente, tuvieron que dar marcha atrás tras las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.

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