Publicado 02/07/2021 22:15CET

Bolivia.- Bolivia informa de una petición de la Fiscalía de Florida para postergar la audiencia por sobornos de Murillo

Archivo - El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo
Archivo - El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo - CHRISTIAN LOMBARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, ha informado este viernes de que la Fiscalía de Florida ha solicitado aplazar la audiencia del exministro Arturo Murillo hasta el 9 de agosto, un mes después de lo previsto, detenido en Estados Unidos acusado de un delito de lavado de dinero y pago de sobornos

"Hemos recibido información de parte del estudio jurídico de abogados, que tenemos acreditado en Estados Unidos, de que se ha solicitado la postergación de la audiencia programada del señor Arturo Murillo para el 9 de julio por parte de la Fiscalía de Florida", ha contado Chávez, informa el diario boliviano 'La Razón'.

"Hasta este momento (...) aún no se ha confirmado que se haya suspendido la audiencia, pero de acuerdo a la forma, a los procedimientos y a la tradición que se sigue en este tipo de casos, lo más probable es que se postergue", ha explicado.

El que fuera 'número dos' de la expresidenta autoproclamada Jeanine Áñez, huyó de Bolivia después de que el Movimiento al Socialismo (MAS) se impusiera en las elecciones de octubre de 2020. El actual Gobierno de Luis Arce está a la espera de lograr su extradición para juzgarle por un delito de blanqueo de dinero por la compra con sobrecostes de material antidisturbios.

De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares (cerca de 4,6 millones de euros), aunque el precio real supondría 3,3 millones (casi 2,7 millones de euros). Un delito por el que se enfrenta a veinte años de prisión.

Murillo fue detenido a finales de mayo en el estado de Florida, informó el departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado de recibir pagos ilegales de una empresa estadounidense "para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano" y luego utilizar el sistema financiero de ese país "para lavar esos sobornos".

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