LA PAZ, 8 Mar. (EP/AP) -
Las "irregularidades" denunciadas por la oposición en los contratos firmados por el Gobierno de Bolivia con las empresas petroleras en el marco del decreto de nacionalización del de los hidrocarburos, han paralizado el proceso, dijo el jueves la oposición.
El senador del partido de la oposición PODEMOS, Óscar Ortiz, afirmó que la oposición, que tiene la mayoría en el Senado no aprobará los contratos hasta que no se despejen las dudas sobre estas presuntas "irregularidades".
Según las denuncias, fueron falsificadas partes de los contratos. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera respondió que sólo presentan "equivocaciones de forma".
"Los contratos están paralizados, porque el Gobierno los paralizó desde el momento en que retiró todo de la notaria de Gobierno, cuando admitieron que había errores, por eso mandó una ley corta para corregir", dijo Ortiz a AP.
El Ejecutivo pidió en febrero que el Congreso apruebe esa norma para subsanar los errores; pero PODEMOS señaló que enviará los contratos el viernes a la Fiscalía General de la República para que se esclarezca si hubo falsificaciones, y quiénes serían los responsables de estos hechos.
Insiste en que en varios de los contratos se cometieron delitos de "falsedad material e ideológica", al punto que se habrían falsificado algunas firmas, suplantado anexos, y que en algunos de los nuevos se favorece a las compañías.
Los documentos fueron firmados públicamente por el Gobierno y las petroleras en un acto televisado, el 28 de octubre.
El vicepresidente, que asumió el mando del país debido a que Evo Morales se encuentra de visita oficial en Japón, solicitó a la oposición que no apruebe los contratos hasta el 15 de marzo, porque el Estado no puede recibir los ingresos adicionales de las petroleras que le garantizarían estos ahora cuestionados documentos.
Los contratos se aprobaron inicialmente en el Senado durante una polémica sesión el 28 de noviembre en la que dos senadores suplentes de la oposición dieron quórum y votaron por la aprobación en consonancia con el oficialismo.
PODEMOS y la también opositora Unidad Nacional (UN) denunciaron el caso ante la justicia, al indicar que los suplentes no fueron legalmente habilitados y que incluso recibieron dádivas del Gobierno.
Este partido de la oposición presentó en una rueda de prensa varias cartas del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz Banzer, de noviembre y diciembre, en las que se solicita a García, quien como vicepresidente de la nación es presidente nato del Congreso, le devuelva los contratos para su entrada en vigor.
El senador de PODEMOS Luis Vásquez añadió en esa rueda de prensa que después de que los contratos estuvieron retenidos en el Congreso durante 45 días, fueron devueltos a Ortiz Banzer el pasado 20 de diciembre, quien supuestamente los habría firmado el 28 de noviembre anterior.
Indicó que YPFB detectó cambios sustanciales en anexos de cinco de los contratos.
El senador Ortiz dijo a la AP que Ortiz Banzer informó de que sólo firmó una vez los contratos, pero ahora aparecen otros "adulterados" que los reemplazan, supuestamente firmadas por él.
"El señor Ortiz tiene que aclarar la firma del otro Anexo, si es o no es de él (la firma)", dijo el senador.
Ortiz Banzer renunció el 26 de enero, después de que el departamento legal de YPFB detectara las modificaciones, aduciendo que no compartía algunos criterios con el Gobierno.
En su lugar asumió Manuel Morales Olivera, hombre de confianza del presidente Morales, quien, a pesar de su apellido, no tiene parentesco alguno con el mandatario boliviano.
El ex superintendente de Hidrocarburos, Santiago Berríos, denunció el jueves que el gobernante ordenó durante las negociaciones de los contratos que Ortiz Banzer no participara en ellas, y que fue Morales Dávila, entonces asesor de YPFB, uno de los principales responsables de la redacción de los documentos.