MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Bolivia ha recordado este miércoles a los principales líderes de la oposición, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que se "comprometieron" a apoyar un eventual juicio por corrupción o por violación de los Derechos Humanos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, después de que se haya admitido a trámite una demanda por las masacres de Sacaba y Senkata.
"El señor Mesa y el señor Camacho, cuando se les preguntó públicamente si apoyarían un juicio de responsabilidades, señalaron que sí, si se trataba de corrupción o Derechos Humanos", ha recordado el viceministro de Justicia, César Siles, durante una conversación para La Razón Radio.
"Espero que cumplan su compromiso público y que podamos tener los dos tercios de votos en el momento que se llame para esa votación", ha dicho Siles, después de que la Fiscalía anunciara que admitió a trámite una propuesta de acusación por genocidio contra Áñez por las protestas de Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019, en las que murieron 25 personas y otras cientos resultaron heridas.
Siles ha hecho referencia de esta manera a una pasada declaración del expresidente Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), quien afirmó que apoyaría un juicio contra Áñez "por violación a los Derechos Humanos o por corrupción" siempre que estuviera "fundamentado y adecuadamente documentado", pues "no tiene nada que ver con la falsa teoría del golpe de Estado".
En el caso de Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las pasadas elecciones, sostuvo que tanto "la corrupción del Gobierno transitorio" como "todas las muertes de bolivianos deben investigarse y sancionarse", aunque desconfía de que se pueda lograr "si el Movimiento al Socialismo (MAS) usa la justicia para vengarse y criminalizar las protestas ciudadanas contra el fraude".
Al igual que las otras tres demandas contra Áñez por delitos penales y administrativos, esta de genocidio debe contar con el aval de la Asamblea Plurinacional, en donde el Movimiento al Socialismo (MAS) necesita sumar votos de la oposición, pese a contar con mayoría absoluta en ambas cámaras.
Siles ha confirmado que la demanda ha sido presentada por una veintena de familias afectadas por los hechos ocurridos en estas dos localidades, en el marco de las protestas sociales contra la autoproclamación como presidenta de Áñez, quien se enfrenta a delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte.
A su vez, ha subrayado que la denuncia está bien fundamentada, pues cuenta con informes de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La acusación contra Áñez recuerda, entre otros puntos, el decreto firmado en el que eximía a las Fuerzas Armadas y a la Policía de responsabilidades penales durante la represión de las manifestaciones.
Siles ha explicado que no solo "los testimonios de las víctimas hacen muy fuerte la proposición acusatoria", sino que además los procesos ya abiertos por este caso, con algunas personas detenidas e imputadas, "permitirán construir la teoría del caso contra Áñez".
Áñez, en prisión preventiva desde marzo, se enfrenta a su vez a otro proceso penal ordinario por irregularidades en su autoproclamación como presidenta interina, tras la salida de Evo Morales, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición.