MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido este sábado de que las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de Bolivia dirigidas a las familias de las víctimas mortales de la represión de las protestas por la crisis política no pueden estar condicionadas a dejar de lado una investigación internacional de los hechos.
El Decreto Supremo 4.100 prevé otorgar a las familias de las víctimas mortales registradas durante los disturbios acaecidos en Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre 50.000 bolivianos (más de 6.500 euros). Sin embargo, de aceptarlos, el decreto prevé que los damnificados no puedan acudir a organismos internacionales con el objeto de emprender una investigación.
"La CIDH advierte de que el Decreto Supremo 4.100, que establece una indemnización monetaria y algunos servicios de salud para las víctimas de la crisis, no puede jurídicamente cerrar ni obstruir el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", ha indicado el organismo a través de su cuenta de Twitter.
En este contexto, el organismo ha recordado que la compensación monetaria "es sólo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas en Bolivia", pero que el derecho a la reparación "también incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición".
"Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos tienen acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Bolivia", ha proseguido, al tiempo que ha tachado de "preocupante" que el decreto pretenda eximir a las víctimas de acudir a instancias internacionales.
Así, "la reparación administrativa es un avance y no exime a los organismos internacionales de analizar la responsabilidad estatal, ni de la obligación que tiene el Estado de adoptar otras medidas para reparación integral", ha zanjado la CIDH.
Los familiares de las víctimas mortales de Senkata ya rechazaron el viernes el decreto de indemnización, que catalogaron de "expreso chantaje" porque, precisamente, les cierra la oportunidad de reclamar una investigación a instancias internacionales. El colectivo de víctimas también aseguró que esta medida es "discriminatoria y denigrante".
En este sentido, el representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, presentó una carta con ocho demandas a través de la cual buscan una nueva negociación, puesto que el decreto, a su juicio, "sólo hace énfasis en la indemnización, asumiendo que la vida tiene un precio económico de 50.000 bolivianos", recogió el periódico 'La Razón'.
Inca explicó que sus demandas buscan que se sancione de manera penal a "los asesinos" de los familiares de las víctimas, además de una serie de facilidades económicas para las mismas, entre las cuales se encuentran un salario mínimo vitalicio para todas las familias afectadas, así como becas de estudios y cancelación de deudas bancarias.
La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, y tuvieron lugar numerosas protestas en el país.
En Senkata, una pequeña localidad de El Alto, se registraron 10 muertos y más de 40 heridos después de que la Policía y el Ejército la emprendiera con los partidarios de Maduro que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, que negó que las fuerzas del orden disparasen sus armas de reglamento, decidió emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal. Finalmente, tuvieron que dar marcha atrás tras las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.
Bolivia se prepara ahora para celebrar unas nuevas elecciones en las que ni el expresidente Evo Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar, conforme al acuerdo al que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Gobierno de Áñez han llegado en el Congreso.