LA PAZ, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un juez dio firmó hoy a la deportación del cubano anticastrista Amauris Sanmartino al rechazar un recurso que fue interpuesto para su liberación, pero la defensa anunció que apelará la resolución contra el afectado, quien sostiene que si es enviado a Cuba se enfrentará "a una muerte segura".
Sanmartino fue detenido el pasado sábado, al parecer de manera ilegal, tras haberse inmiscuido en la política nacional boliviana, algo prohibido en el país, según la ley migratoria.
El Tribunal de Garantías Constitucionales falló hoy declarando improcedente el recurso de 'Hábeas Corpus' que presentó el abogado de Amauris Sanmartino, Rodolfo Téllez. Esa es la determinación que tomó el tribunal respecto al cubano detenido el sábado por el Gobierno de Evo Morales.
Si finalmente se ratifica la la determinación anunciada por el magistrado René Delgado, se ordenaría el traslado inmediato del opositor cubano al aeropuerto para su expulsión del país al lugar de origen desde donde llegó a Bolivia. En ese caso le deportarían hasta la base militar de Estados Unidos, en Guantánamo (Cuba), informa la prensa local.
Sanmartino dijo, después de la audiencia, que se trata de una represalia de la embajada cubana y que su traslado a la isla supondría su condena a muerte. El extranjero llegó como refugiado político a Bolivia en 2000 y en los últimos meses ofreció declaraciones a la prensa contra el Gobierno de Fidel Castro al justificar la ayuda que prestó a varios médicos cubanos para que huyeran de Bolivia.
Según informa el diario boliviano 'La Razón', la decisión será trasladada al Tribunal Constitucional, donde podría ser bien confirmada, bien revertida. Mientras tanto, Sanmartino se encuentra custodiado policialmente en una clínica médica debido a su hipertensión.
El abogado Téllez afirmó que su defendido fue detenido ilegalmente porque no habría sido notificado en la forma que dispone el procedimiento legal.
Sanmartino declaró que fue detenido por ocho agentes, vestidos de civil, sin identificación ni orden judicial. Según su relato, le cubrieron con una capucha y le apuntaron con un arma de fuego en la cabeza. Además, dijo que, los que el Gobierno identificó como miembros de las fuerzas de seguridad, le golpearon.
"Antes decían de los americanos, ahora es Cuba quien manda aquí", agregó Sanmartino, al pedir que el Gobierno le dé el mismo trato al presidente venezolano Hugo Chávez cuando habla de política interna en sus visitas a Bolivia.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra admitió que Sanmartino no cometió ningún delito penal pero que violó las normas de la ley de migración cuando se inmiscuyó en temas de la soberanía nacional boliviana.
Gamarra presentó pruebas de la participación de Sanmartino en una concentración del Comité Cívico de Santa Cruz, en las puertas del Hotel Los Tajibos, en Santa Cruz, en rechazo a la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera en el lugar.
Asimismo mostró documentos y recortes de prensa que lo involucran con la deserción de médicos cubanos, que llegaron a Bolivia en misión humanitaria.
Sanmartino poseía la residencia permanente y nacionalidad boliviana al estar casado con la boliviana Normina Chávez, natural de Camiri, derecho que le da la Constitución Política del Estado.
La esposa del médico disidente cubano, Normina Chávez confirmó que la defensa apelará al Tribunal Constitucional para que libere a su esposo. "Esperamos que se haga justicia", acotó.
Mientras, el embajador cubano en Bolivia, Rafael Dausá, afirmó que no intervino en el asunto y que el disidente es "un delincuente" acusado en Cuba de estafa.
El caso ayudó al recrudecimiento de las relaciones entre el Gobierno boliviano y la oposición. Estos últimos ponen de ejemplo a Sanmartino como prueba de que el Gobierno no respeta las libertades porque ejerce una "doble moral". Según el principal partido de la oposición, PODEMOS, en el Gobierno trabajan peruanos, venezolanos y cubanos en cargos importantes.
El abogado de Sanmartino, Rodolfo Téllez, acusó al juez de haber actuado bajo presión del Ejecutivo. Inicialmente, el Gobierno había adelantado que sería enviado a La Habana.
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, pidió la liberación de Sanmartino porque el procedimiento "fue irregular", al advertir que una acción así dañaría la imagen internacional de Bolivia.
"Sanmartino es el primer preso político de Morales", apuntó el dirigente y portavoz de PODEMOS, Jose Arequipa.