MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Bolivia Evo Morales ha emplazado a asignar una renta vitalicia a los familiares de los fallecidos durante las protestas contra su salida del poder, forzada por el Ejército, y una indemnización adecuada para los heridos.
"Pido con mucho respeto a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que garantice renta vitalicia a las familias de los asesinados y justa indemnización a los heridos fruto de las masacres del golpe de Estado de Añez, Camacho y Mesa", ha afirmado Morales en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.
Morales se refiere así a la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, y a los dirigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.
Más de 30 personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de los enfrentamientos entre simpatizantes de Morales con las fuerzas de seguridad y otros sectores. En las últimas semanas la situación se ha calmado, aunque sigue habiendo protestas.
Evo Morales dimitió el pasado 10 de noviembre en medio de una ola de protestas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) apuntara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en las que obtuvo su reelección. Tras su dimisión, bajo presión del Ejército, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta.
Tras la salida de Morales de Bolivia a mediados de noviembre, el gobierno de facto ordenó reprimir las manifestaciones, protagonizadas por sectores sociales y laborales, que exigían el regreso del mandatario electo en las pasadas elecciones generales del 20 de octubre.
Las masacres en Sacaba y Senkata, que dejaron al menos 20 muertos, y cientos de heridos, son investigadas por Naciones Unidas como posibles delitos de lesa humanidad.
En Sacaba, unos 350 kilómetros al sureste de La Paz, tuvo lugar el 15 de noviembre un duro enfrentamiento entre grupos cocaleros de Cochabamba, que intentaron entrar en la ciudad, y la policía y el ejército que bloqueaba los accesos.
Los disturbios en la capital de la provincia Chapare dejaron al menos nueve muertos, que según la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron heridas de bala, y un balance de decenas de heridos.
En el caso de Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, la represión de las fuerzas del Estado contra los manifestantes dejó al menos 10 muertos, además de heridos, detenciones ilegales y denuncias de torturas, abusos y vejaciones.
Senkata, municipio de El Alto, donde fallecieron por lo menos diez individuos el 19 de noviembre, "durante una intervención del Ejército y de la Policía en el contexto de manifestaciones", repasó el organismo.
El pedido de Morales se produce después que el gobierno de facto promulgó el jueves un Decreto Supremo para indemnizar a familias de los muertos y heridos en el reciente conflicto del país.