Evita decir si se encuentra en Bolivia o ha salido del país
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La exministra de Exteriores de Bolivia Karen Longaric ha roto este martes su silencio para culpar directamente a la expresidenta Jeanine Áñez por favorecer que Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, ocupara un puesto en el gabinete.
Además, Longaric se ha lavado las manos respecto al nombramiento de la hermana de Murillo, Mercedes Murillo, como cónsul de Bolivia en Miami, Estados Unidos, y ha señalado que fue Áñez la que decidió designarla.
"Como ministra de Exteriores recibo sugerencias y también instrucciones para ocupar ciertos cargos, particularmente en el cuerpo consular", ha explicado en una entrevista con Bolivia TV, antes de matizar que, sin embargo, "la instrucción vino de allá".
"Obviamente que hablé con la presidenta y hablé con el propio Murillo diciéndoles que ese nombramiento iba a traer complicaciones porque no era bueno que un hermano de un ministro vaya en el servicio consular o en el servicio diplomático, pero fue una instrucción muy categórica desde la Presidencia", ha continuado, según ha informado la agencia de noticias ABI.
Longaric, que ha incidido en que todos los nombramientos "venían desde la Presidencia", ha sostenido que hubo "muchos" a los que se opuso, pero "finalmente hay instrucciones de la presidenta y, en ese sentido, se acató obviamente la instrucción de nombrar a la hermana de Murillo".
Por otro lado, cuestionada sobre si permanece en Bolivia o ha salido del país andino, Longaric ha evitado responder y ha cortado la llamada con Bolivia TV. Según el medio, la exministra se encontraría en Chile, por lo que se suma a los ministros de Áñez que han abandonado el país tras la victoria de Luis Arce en las elecciones de octubre, como el mismo Murillo o el exministro de Defensa Fernando López.
"NO SEAN CORRUPTOS"
Mientras, la exministra de Comunicación de Áñez, Roxana Lizárraga, ha apuntado a la existencia de más casos de corrupción en el seno de la Administración de la antigua presidenta.
En una entrevista en televisión, Lizárraga ha puntualizado que conocía "rumores" sobre otros supuestos casos de corrupción, y ha mencionado específicamente "peticiones que se hacían para la campaña (presidencial) de Áñez". Sin embargo, se ha defendido aludiendo que ella "no podía llamar a la presidencia" y decirle que ni ella ni su gabinete se "corrompieran".
De forma paralela, ha indicado que el líder del partido opositor Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue el "padrino" de Murillo y presionó para que fuera designado como ministro de Gobierno.
Ambos, además, habrían presionado para que Marcelo Navajas fuera designado como ministro de Salud. Navajas, actualmente en prisión provisional, fue destituido tras saltar a la palestra el escándalo de los supuestos sobrecostes en la compra a una empresa española de respiradores para atender a pacientes de COVID-19.
Doria Medina, candidato a la Vicepresidencia de Bolivia junto a Áñez para las elecciones de 2020, ha rechazado cualquier relación política con Áñez anterior a enero de ese año. "Acepté la candidatura (...) en enero de 2020. Ahí comenzó mi relación política con Áñez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes?", ha trasladado a través de su perfil en la red social Twitter. Asimismo, ha defendido que Murillo abandonó UN en 2018 y ha zanjado que Lizárraga "se confunde o miente". "UN no fue parte del gobierno interino", ha remachado.
LA DETENCIÓN DE MURILLO Y LA PRESUNTA CORRUPCIÓN
Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, delitos cometidos presuntamente en el marco del caso de la compra con sobrecoste de material antidisturbios, conocido como Caso gases lacrimógenos.
En el caso también está supuestamente involucrado el exministro López, cuyo paradero no está confirmado, aunque las autoridades bolivianas sospechan que se encuentra en Brasil.
De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares (cerca de 4,6 millones de euros), aunque el precio real supondría 3,3 millones (casi 2,7 millones de euros).
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, solicitó el lunes a la Fiscalía General que cite a declarar a Áñez y a todo su gabinete en el marco del caso por firmar los tres decretos que dieron vía libre a la compra del material en cuestión. Hasta el momento, hay 20 personas investigadas en el marco del caso, según informó el lunes el fiscal general boliviano, Juan Lanchipa.