MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Bolivia ha rechazado este miércoles la proposición de acusación que diputados del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron contra la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes acaecidas en Sacaba y Senkata, registradas en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
El diputado del MAS Andrés Flores, que lideraba la iniciativa, ha explicado que la Fiscalía ha rechazado la demanda, cuyo objetivo era comenzar un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, porque no se especificaron los domicilios de los demandados.
"El fiscal general (Juan Lanchipa) nos pidió el domicilio, no se han dado los plazos; lamentablemente, no hemos podido cumplir tal vez en su debido tiempo, pero nos han rechazado", ha detallado, según Erbol.
Familiares de las víctimas y activistas de Sacaba han protestado por la decisión de la Fiscalía. Uno de los representantes de la movilización, José Zurita, ha señalado que se trata de una "falta de respeto". "Como sacabeños, como familia de los caídos", ha reiterado, subrayando que no quieren "impunidad en Bolivia". "Queremos justicia", ha remachado en declaraciones a Bolivia TV, recogidas por la agencia de noticias ABI.
En Sacaba y Senkata murieron más de 25 personas y hubo un centenar de heridos, en el marco de la represión de las protestas postelectorales de 2019. Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes de Sacaba y Senkata, localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de "masacres".
Por otro lado, la Fiscalía sí ha solicitado congelar las cuentas bancarias individuales y/o conjuntas de Áñez y de sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, además de dos ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, todos ellos procesados y encarcelados por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. El requerimiento está dirigido a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), según ha informado el diario 'La Razón'.
La exdiputada del MAS Lidia Patty presentó una denuncia para dilucidar las responsabilidades de las acciones que derivaron en la dimisión de Morales tras los comicios de octubre de 2019. El actual gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho --uno de los rostros más visibles de la oposición a Morales--, es el principal acusado en el proceso, pero hasta el momento no ha sido citado a declarar.