MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha acusado este viernes al ex presidente boliviano Evo Morales de cobrar hasta 20.000 dólares a cambio de nombrar jueces.
"Tenemos denuncias de cómo se ponía o elegía a los jueces. Tenemos denuncias de que para ser juez en este país uno tenía que pagar 20.000 dólares", ha dicho el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en una rueda de prensa, según informa la agencia de noticias oficial ABI.
Coimbra ha indicado que por esta razón "más de dos tercios de los jueces son transitorios", porque "eran manejados por el anterior Gobierno". "Los ponían a dedo y los sacaban cuando no querían actuar a la voluntad del Ejecutivo", ha explicado.
El titular de Justicia ha avanzado que el nuevo Gabinete se basará en el reglamento interno de la judicatura para confirmar o echar a los jueces interinos. "Se deben valorar los méritos de los profesionales y hacer evaluaciones psicológicas y psiquiátricas (...). Debe haber una selección transparente", ha defendido.
El Gobierno de Áñez ha amenazado con denunciar a Morales por sedición y terrorismo, acusación que finalmente ha formalizado la Fiscalía actuando de oficio, además de por corrupción.
Morales dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse las "irregularidades" en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Primero llegó a México, donde pasó casi un mes como asilado, pero la semana pasada recaló en Argentina como refugiado, tras una breve escala en Cuba por razones médicas.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por el portal de noticias argentino Infobae han contado que el nuevo Gobierno argentino de Alberto Fernández "no entregará por ningún motivo" a Morales. "Vamos a proteger a Evo porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado y porque todo el pedido de detención es una farsa", han dicho.
La Administración de Áñez ha reconocido que será "complicado" que Argentina entregue a Morales, pero ha avanzado que preguntará al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la situación del antiguo mandatario y, en caso de ser necesario, recurrirá a Interpol.