MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha reconocido este jueves que será "complicado" que Argentina extradite al ex presidente Evo Morales, después de que la Fiscalía haya emitido una orden de captura en su contra por los delitos de sedición y terrorismo.
"Obviamente, va a ser complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de Argentina, pero nosotros podemos activar lo que se llama la extradición", ha dicho el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una entrevista concedida a CNN.
Murillo ha avanzado que el fiscal general, Juan Lanchipa, "pedirá toda la colaboración de la Interpol para que puedan ayudar en la aprehensión". "Veremos cómo responde el Gobierno de Argentina", ha deslizado, según informa la prensa local.
Además, ha defendido que Morales "tiene una deuda con el Estado boliviano", por lo que debe rendir cuentas ante la Justicia, subrayando que "los errores políticos no son el problema", sino "los delitos que cometió". "Los errores políticos se pagan con el voto del pueblo", ha afirmado.
La Fiscalía emitió el miércoles una orden de detención contra Morales por sedición y terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas postelectorales.
La orden de detención también se dirige contra Faustino Yucra, el líder 'cocalero' que habla con Morales en la conversación telefónica que dio lugar a la investigación penal contra el antiguo mandatario.
En la grabación, que hizo pública el Gobierno de Jeanine Áñez, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar "dura batalla a los fascistas y racistas". "Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos", sostiene.
En concreto, le ordena que hagan "cercos de verdad" de modo que "no entre comida a las ciudades". Además, le explica que, para que la gente no se "canse" los organice en grupos que se vayan rotando "cada 24 horas". "Hay bloqueo hasta ganar, hermano", le indica.
El Gobierno ya había anunciado que denunciaría a Morales ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que ha actuado de oficio por "la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo" que alcanza a los "coautores, cómplices y encubridores".
Tanto Morales como Yucra se encuentran en Argentina. El líder indígena dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse las "irregularidades" en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Primero llegó a México, donde pasó casi un mes como asilado, pero la semana pasada llegó a Argentina como refugiado tras una breve escala en Cuba por razones médicas.
Morales argumenta que, debido a su estatus de ex presidente, solo puede ser procesado mediante el llamado juicio de responsabilidad, si bien las denuncias formuladas hasta ahora en su contra se han tramitado por la vía ordinaria.
Lanchipa ha explicado este jueves que "el juicio de responsabilidades o juicio de privilegio se activa contra las acciones que llevan adelante el presidente o vicepresidente en el ejercicio de sus funciones" y en el caso de Morales "las acciones en investigación han sido posteriores al 10 de noviembre, cuando dejó la función presidencial".
"A 14 años de nuestra revolución, el 'mejor regalo' que recibo del Gobierno 'de facto' es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional", ha contestado Morales en un 'tweet'. "No me asusta. Mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana", ha enfatizado.