Las auditorías están actualmente en los procesos de contratación de especialistas para la segunda fase, que se desarrollará en seis meses
LA PAZ, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del presidente Evo Morales entregó unos 17 millones de bolivianos (cerca de 1,66 millones de euros) a la Contraloría General de Bolivia para realizar la segunda fase de las auditorías especiales a las empresas petroleras resultantes del proceso de capitalización, contrato de riesgo compartido y del proceso de privatización.
Así lo confirmó el contralor general de la República, Osvaldo Gutiérrez, quien recordó que mediante el Decreto Supremo 28.783 del 5 de julio de 2006, el Gobierno autorizó el incremento al presupuesto para realizar esta auditoría, según la disposición transitoria primera de la Ley 3.058 de Hidrocarburos.
Gutiérrez señaló que esta segunda etapa de las auditorías especiales se desarrollará en seis meses y que actualmente se está en los procesos de contratación de técnicos especialistas para llevar adelante este trabajo.
El contralor indicó que de esta manera se conocerá si las compañías petroleras han cumplido o no con lo estipulado en los contratos que firmaron con el Estado. Esa fiscalización abarcará el periodo entre el 30 de abril de 1996 y el 17 de mayo de 2005.
De los 140 contratos firmados, tres son producto del proceso de capitalización; 62 de riesgo compartido ligados a la actividad de exploración; 65 de riesgo compartido ligados a la actividad de explotación; 11 de privatización y 19 contratos de concesión de administración de ductos.
VERIFICACIONES EN SEGUNDA FASE
Gutiérrez explicó que la Contraloría ya ha definido los criterios para poder desarrollar esta auditoría y que están ligados a seleccionar y revisar en detalle aquellos contratos que tengan mayores volúmenes en cuanto áreas de exploración o explotación y, obviamente, los que tengan mayor impacto, cubriendo la auditoría aproximadamente el 80% de las actividades petroleras.
Recordó que en la primera fase se determinaron las áreas de riesgo de las fases de exploración, explotación, comercialización, transporte, refinación e industrialización y distribución de gas natural por redes; es decir, de toda la cadena productiva.
En cuanto a la segunda fase de las auditorías, Gutiérrez puntualizó que en el área financiera se tomarán en cuenta las variables de cumplimiento de las inversiones comprometidas, ya que la capitalización fue una promesa de inversión, si han realizado las exploraciones en las áreas señaladas y otras obligaciones.
Agregó que se verificará la producción declarada de las empresas acorde con la Ley 1689 y se comparará con la realidad; se verificará el cumplimiento de las normas aplicadas a las variables que componen la producción; la determinación de los volúmenes de producción; los costos de operación, de inversión; la transferencia de precios; aspectos importantes para hacer los cálculos para el pago de impuestos, regalías y participación.
En el área jurídica, el contralor dijo que se analizarán las variables relacionadas con la composición accionaria de las empresas; el cumplimiento de las disposiciones legales para ejercer actividades legales en Bolivia; el cumplimiento de los contratos en todos sus aspectos, cumplimiento de plazos, de devolución de parcelas y toda la normativa legal existente.
Respecto del área técnica, se considerarán variables relacionadas a actividades calificadas, las Unidades Técnicas de Exploración (UTES). Cada UTES equivalía a 5.000 dólares, entonces las empresas estaban obligadas este realizar el trabajo.
La medición de volúmenes de producción y transporte es otro aspecto importante como la conservación de las reservas, su determinación y certificación; conservación del medio ambiente y si existen planes de desarrollo y la quema.