Actualizado 06/03/2006 14:42 CET

Bolivia.- El Gobierno quiere tomar el control de 10 privatizadas obligando a accionistas a negociar o comprando acciones

Las dos empresas españolas que podrían verse afectadas son Repsol-YPF y su filial Andina, y Red Eléctrica de España y su filial TDE

LA PAZ, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Evo Morales anunció ayer su decisión de tomar el control de las 10 empresas privatizadas en los últimos años ya sea a través de la compra de acciones o de "decisiones políticas" que obliguen a los accionistas a negociar con el Estado boliviano, según informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas.

"El Estado boliviano tiene voluntad política de tomar decisiones, eso es lo fundamental. Se compra o en su defecto se toman otras decisiones, pero Bolivia tiene que ejercer su derecho propietario en el 51 por ciento", afirmó el ministro tras participar en el seminario 'Programa de Gobierno del MAS y Plan Nacional de Desarrollo'.

Las privatizaciones tuvieron lugar durante el primero Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y afectó a las principales empresas del Estado: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), y la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

De este proceso surgieron 10 compañías que operan actualmente en el país, de las cuales tres están en el sector petrolero, otras tres en el sector eléctrico, dos ferroviarias, una en telecomunicaciones y una en transporte aéreo, según recuerda la prensa local, recogida por Europa Press.

REPSOL-YPF Y RED ELECTRICA DE ESPAÑA

Las dos empresas españolas que podrían verse afectadas son la petrolera hispano-argentina Repsol-YPF, con su filial Andina, y Red Eléctrica de España, cuya filial en Bolivia es Transportadora de Electricidad (TDE), adquirida en 2002 tras comprar la participación mayoritaria que poseía la también española Unión Fenosa.

Dentro el sector petrolero también se encuentran la empresa Chaco, que está participada por la británica British Petroleum; y la empresa Transredes, que está participada por la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell.

En el caso de las 10 empresas, las acciones de los socios llegan al 50%, mientras que el restante 50% se divide en un 45,5% que están en el Fondo de Capitalización Colectiva, administrada por las dos AFP que operan en Bolivia, y el 4,5% adquirido por los trabajadores de las empresas estatales.

Villegas explicó que para lograr ese 51% para el Estado, se sumarán las acciones de los bolivianos y de los trabajadores. "La otra parte que reste vamos a negociar con las empresas", añadió. Sin embargo, para que ello ocurra, mínimamente se tendrá que cambiar tres leyes, la de Capitalización, la del Bonosol y la de Pensiones.

El ministro precisó que el objetivo es que el Estado boliviano tenga la capacidad de tomar decisiones en las empresas en aspectos como inversión, impuestos, salarios y nombramiento de directores, lo que se enmarca también en el Plan de Desarrollo Quinquenal que será presentado el próximo 15 de abril.

CONSENSO, NO IMPOSICION

Varias empresas privatizadas consultadas por la prensa local no han querido pronunciarse sobre esta decisión hasta que no se conozca de manera oficial, aunque fuentes de la petrolera Chaco aseguraron que esa pregunta debería ser respondida por los accionistas de la empresa. "Es una situación muy delicada", indicaron.

Mientras, los empresarios bolivianos consideran que si el nuevo Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Morales, quiere comprar acciones de las diez empresas privatizadas debe hacerlo "en el marco del consenso y no de la imposición".

En este sentido, Víktor de los Heros, directivo de la Cámara Nacional de Industrias, precisó que se debe ver que la ley permita esas negociaciones. "Si es así, no veo inconveniente en que las empresas vendan sus acciones al Estado, pero esperamos que no se lo impongan", subrayó.

Por su parte, Ben Abendroth, dirigente de la Confederación de Empresarios de Bolivia, señaló que primero se debe cumplir la ley, pero que la idea original de la capitalización era que los bolivianos tengan el 51%. "Esto no funcionó porque los directores bolivianos no actuaron como debería ser", sentenció.