Actualizado 26/06/2006 13:23:30 +00:00 CET

Bolivia.- El Gobierno reabre el juicio contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores por el caso Enron

Consideran que Enron debe devolver al Estado al menos 103 millones de euros como pago por acciones en el gasoducto a Brasil

LA PAZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del presidente Evo Morales decidió reabrir el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus antiguos colaboradores por los hasta nueve delitos que supuestamente cometieron al firmar con la petrolera Enron-Bolivia y Prisma Energy un contrato por el que la transnacional se hizo con una participación de 260 millones de dólares (unos 206,9 millones de euros) en el gasoducto Bolivia-Brasil sin haber invertido en la obra.

Entre los delitos que se les imputan están firmar contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la Carta Magna y las leyes de la República, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, infidencia económica, falsificación material e ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contratos.

"Quiero anunciar que el Ministerio de Hidrocarburos y mi persona, inclusive a título individual, ha tomado la decisión de reabrir el juicio contra la empresa Enron", anunció el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bolpress y reseñadas hoy por Europa Press. Las investigaciones del caso fueron iniciadas por Juan Carlos Virreira y frenadas por el anterior presidente del país, Carlos Mesa.

Sánchez de Lozada, Antonio Araníbar y Mauricio Gonzáles firmaron el 9 de diciembre de 1994, sin la autorización del Congreso Nacional, un contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Enron para financiar, construir y operar el gasoducto a Brasil, propósito que no fue cumplido debido a que el gasoducto fue construido finalmente con financiación de la estatal brasileña Petrobras. El contrato se modificó, pero al parecer mantuvo favorables condiciones para Enron.

A inicios de 2004, el ex delegado presidencial para la revisión y mejora de la Capitalización, Juan Carlos Virreira, presentó informes que cuestionaban la administración y fiscalización de las empresas capitalizadas. En su último informe, Virreira denunció el lesivo contrato que suscribió YPFB con la petrolera Enron y dijo que la multinacional debía devolver al Estado al menos 130 millones de dólares (unos 103 millones de euros) como pago por acciones en el gasoducto a Brasil.

SOSPECHAS SOBRE CARLOS MESA

El 31 de marzo, Virreira pidió al fiscal Salomón Paniagua la retención de dividendos y la anotación preventiva de las acciones que tiene Enron en el gasoducto a Brasil. "Había un beneficio ilícito para la compañía Enron, que terminó ganando 17% del lado boliviano y 4% del lado brasileño gracias a un contrato lesivo a los intereses del Estado", afirmó Virreira ante el Fiscal.

Sin embargo, apenas unos minutos después de concluida la declaración, Mesa lo despidió y puso en su lugar al italiano Francesco Zaratti, quien --como después se demostró, según Virreira-- cobraba dinero de Petrobras, empresa a la que él mismo investigaba. Antes, Mesa había nombrado ministro de Hidrocarburos a Antonio Araníbar, uno de los principales involucrados en la denunciada estafa.

"Virreira ha sido intempestivamente destituido, lo cual ha llevado a sospechar de la conducta de Carlos Mesa en el problema de la capitalización y de la devolución del Estado boliviano en las riquezas hidrocarburíferas, no sólo pone a un capitalizador como Antonio Araníbar, sino destituye a Virreira", afirmó el diputado Manuel Morales Dávila.