Actualizado 15/05/2007 00:01 CET

Bolivia.- Gobierno rechaza decisión del TC de suspender a cuatro magistrados y analiza medidas para anular la resolución

LA PAZ, 14 May. (EP/AP) -

El Gobierno de Bolivia anunció hoy que analizará las medidas que pueden afectar al Tribunal Constitucional (TC), después que ese organismo confirmara una sentencia por la que ordenó la suspensión de cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia nombrados por el presidente Evo Morales.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, descalificó así la sentencia, ratificada hoy en rechazo de un recurso de enmienda planteado por el Gobierno, al señalar que el TC respondería a los partidos de oposición que en el pasado, desde el poder, habrían gestionado el nombramiento de sus miembros.

"El Gobierno nacional ha de estudiar qué medidas corresponde y hace saber a la comunidad nacional e internacional de este atropello contra el estado de derecho, nada menos que de parte del propio tribunal constitucional", dijo Arce.

El fallo constitucional responde a una demanda planteada por dos senadores de la oposición contra la designación por decreto de los cuatro magistrados --de los 12 que debe tener la Corte-- y abre las puertas a que unos 40 funcionarios interinos nombrados por Morales corran la misma suerte, por razones de jurisprudencia.

Arce insistió en que "el TC solamente tiene la potestad para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma", pero que no tendría la facultad para señalar que, legalmente, el interinato de los jueces ha suspendido.

En ese clima, el vicepresidente Álvaro García, en su condición de presidente del Congreso, llamó a sesión plenaria al Legislativo para el próximo jueves a fin de analizar la posibilidad de avanzar en la designación de autoridades titulares en la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General de la Nación.

También deben ser llenadas vacancias en el propio Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Judicatura, además de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Aduana, Impuestos Internos, el Banco Central, la Corte Nacional Electoral y las 16 superintendencias que regulan actividades como la petrolera y la financiera.

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