MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Justicia de Bolivia ha reducido este martes de seis a cuatro meses la prisión preventiva al exdirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari, acusado por cinco delitos en el marco de las elecciones del año 2019.
Además, las autoridades judiciales han decretado el traslado de Pumari desde la prisión de San Miguel, situada en la céntrica localidad de Uncía, a la de Cantumarca, en el departamento de Potosí, recoge el diario local 'La Razón'.
La presidenta interina de Comcipo, Roxana Graz, ha sido la encargada de dar la noticia y ha detallado que el traslado de Pumari se deberá concretar en las próximas 72 horas, algo que considera "un logro".
"Creemos que es un logro que Marco tenga que estar acá en el penal de Cantumarca. Vamos a seguir ejerciendo presión, tenemos excelentes profesionales", ha expresado Graz.
Hace unas semanas, la Fiscalía boliviana imputó al exdirigente cívico por cinco delitos dentro del caso abierto en su contra por la violencia y quema de instalaciones electorales en Potosí en el marco de los comicios del año 2019, e incluso se detalló que el Ministerio Público contaba con más de una veintena de testigos que ratificaban las acusaciones.
Previamente ya se había procedido a la detención de Pumari y su traslado al centro penitenciario de Uncía, en Betanzos, aludiendo razones de "seguridad". El municipio de Betanzos es considerado como uno de los principales bastiones del partido del gobierno Movimiento al Socialismo (MAS).
Tras su detención, la defensa de Pumari ha hecho sucesivos llamamientos para su puesta en libertad y ha convocado marchas para mostrar su rechazo ante la "persecución política" que, dicen, se vive en Bolivia.
Fuentes oficiales citadas precisaron que Pumari atacó las oficinas de la autoridad electoral aduciendo que en las elecciones de octubre de 2019 se había producido un fraude, dos días después de los comicios, en los que el expresidente Evo Morales resultó vencedor.
Por todo ello, Pumari fue acusado formalmente de los delitos de deterioro y destrucciones de bienes del Estado, daño calificado, allanamiento, robo agravado y obstrucción a los procesos electorales. Quispe aprovechó para negar que se trate de una "persecución política", como lo denunciaron diferentes actores de la oposición y del movimiento cívico opuesto al Gobierno.
Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019 que culminaron con la dimisión de Morales y, más tarde, el ascenso a la Presidencia de Bolivia de Jeanine Áñez. El exmiembro el Comité Cívico está denunciado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.
La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.