MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Al menos ocho personas han resultado heridas y varias han resultado heridas en una nueva jornada de protestas en la capital de Bolivia, La Paz, mientras los agentes de Policía han utilizado agentes químicos para dispersar a los manifestantes.
Un grupo de médicos y universitarios han participado en una marcha desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) hasta la plaza Murillo, donde grupos afines al oficialismo les esperaban, según ha informado el diario 'La Razón'.
Los médicos y universitarios exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, y rechazan los resultados de las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre, por lo que además exigen su anulación.
Los enfrentamientos han durado más de tres horas, en las que al menos seis universitarios han resultado heridos, entre ellos dos con traumatismo craneal y otra con traumatismo facial. Un comunario y un médico también han resultado heridos.
Por su parte, el comandante departamental de la Policía de La Paz, José Antonio Barrenechea, ha confirmado la detención de varias personas por ataques violentos y por tener explosivos.
"Lo que hicieron las fuerzas del orden es la preservación del orden público, pero nos encontramos con personas contrarias a la pacificación y atacaron con piedras, explosivos y objetos contundentes a nuestro personal, por lo que varias personas fueron detenidas", ha afirmado, según la agencia de noticias ABI.
Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el candidato opositor Carlos Mesa.
Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un "fraude gigantesco". Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.
En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.