LA PAZ, 11 Ago. (EP/AP) -
Las fuerzas armadas anunciaron el jueves que acatarán una decisión de la Corte Suprema boliviana para llevar a juicio sin autorización del Congreso a dos ex jefes militares por la muerte de civiles durante una rebelión popular.
"La administración de justicia es una facultad de los jueces, si ellos deciden otro procedimiento todos los bolivianos tenemos que acatar", dijo a la prensa el portavoz de fuerzas armadas, coronel Ernest Aguire.
La decisión de que los ex comandantes de las fuerzas armadas, Roberto Claros y Gonzalo Rocabado sean juzgados sin que sea necesaria la aprobación del Congreso, fue decidida el miércoles por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema, informó el magistrado, Jaime Ampuero.
"Esa decisión nos ahorra mucho tiempo porque lograr la autorización congresal por dos tercios de voto es muy difícil", señaló el fiscal encargado de las investigaciones, Milton Mendoza.
La Fiscalía requirió en abril un juicio penal en contra de ellos y de otros tres ex jefes militares por la muerte de 56 civiles durante la revuelta popular que derivó en la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.
En su imputación, la fiscalía acusó a militares de "homicidio, incumplimiento de deberes, genocidio en forma de masacre sangrienta" para que sean juzgados en el juicio de responsabilidades en contra del ex mandatario.
Claros y Rocabado pidieron la aprobación del Congreso para ser procesados amparados en un norma militar que indica que el comandante en jefe tiene rango de ministro de estado.
De acuerdo a una ley, el congreso debe aprobar por dos tercios de voto un juicio de responsabilidades en contra de un ex presidente de la república o ex ministro.
Una protesta que comenzó con la oposición de sindicatos y juntas vecinales a la exportación de gas natural derivó en violentas protestas callejeras en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto en octubre de 2003.
Sánchez de Lozada ordenó a las Fuerzas Armadas el control de las manifestaciones callejeras. El ex mandatario está acusado por los mismos delitos y el congreso autorizó su enjuiciamiento. Actualmente vive en Washington. La Corte Suprema no ha pedido todavía su extradición.