El próximo 5 de diciembre serán relevados por los magistrados electos por el pueblo
LA PAZ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Bolivia, Evo Morales, designó este jueves a los 13 magistrados titulares y a los cinco suplentes que ocuparán las vacantes de los principales órganos judiciales del país para evitar el colapso de la Justicia y que permanecerán en sus cargos hasta el próximo 5 de diciembre cuando se celebrarán las primeras elecciones del Poder Judicial.
En total son nueve mujeres, tres de ellas indígenas, y nueve hombres, de los cuales cinco se integrarán en el Tribunal Constitucional, otros tantos titulares y suplentes en la Corte Suprema de Justicia y tres en el Consejo de la Judicatura para cubrir las acefalías existentes en cada uno de estos órganos.
El mandatario instó a los magistrados a sentar las bases de una revolución en el Poder Judicial donde "es necesario redefinir la ideología jurídica y la administración de la Justicia" para acabar con un sistema "deslegitimado" que carece de la confianza de la población por "los males endémicos que la aquejan", entre los que destacó la corrupción y las cuotas políticas.
El líder indígena aseguró que nadie está exento de las obligaciones legales que se derivan del ordenamiento jurídico del país, por lo que tanto el presidente como los miembros del Gobierno y demás autoridades judiciales deben someterse al imperio de la ley.
"El Gobierno y sus autoridades como otros representantes de los Poderes del Estado son pasajeras, por lo que durante el ejercicio de sus responsabilidades deben encaminar decisiones que beneficien a todos y no solamente a grupos", anotó.
"Si cometo errores, procésenme y métanme a la cárcel si soy responsable, igual que a mis ministros", señaló Morales al reiterar que los magistrados deben obrar con ecuanimidad y sin favoritismos.
Asimismo, el dirigente subrayó que "la revolución del Poder Judicial" forma parte del proceso de "transformaciones en democracia que se puso en marcha en enero de 2006 (cuando fue elegido presidente por primera vez) y que en esta coyuntura ha alcanzado un momento histórico e inédito para todos los bolivianos".
En este sentido, animó a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial a trabajar con mayor coordinación con el Ejecutivo para neutralizar cualquier corriente separatista que amenaza la implementación del nuevo proyecto de Estado Plurinacional.
COLAPSO DEL SISTEMA
El presidente boliviano explicó en el acto de nombramiento de los magistrados que la medida pretende evitar el colapso definitivo del sistema judicial, congestionado por la cantidad de causas pendientes de resolución y por el número de sentencias ejecutorias que deben tramitarse sobre los procesos ya juzgados.
Estudios oficiales señalan que la corrupción, la impunidad, el retraso, la dilación de procesos y el uso indiscriminado de recursos son las principales rémoras del sistema de administración de Justicia del país latinoamericano.
De acuerdo con esas investigaciones, al menos 429.000 trámites se realizan bajo sospechas de pagos irregulares a magistrados en busca de dictámenes favorables a una de las partes implicadas en el proceso.
En lo que se refiere a la impunidad, solo en 2005 se registraron 1.634 denuncias contra funcionarios judiciales, de las cuales cerca de 600 afectaban directamente a jueces.
Otro de los graves problemas de la Justicia boliviana es la tendencia a dejar en libertad a los imputados en causas judiciales, especialmente las que tienen que ver con delitos económicos, mediante acciones de obstrucción y dilación que les proporcionan el tiempo necesario para huir del país.
Entre esos casos el más conocido es el del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y varios de sus colaboradores, todos ellos acusados de genocidio que ahora se encuentran prófugos en Estados Unidos, Perú y Chile.
REFORMA JUDICIAL
La nueva Constitución de Bolivia, aprobada en febrero de 2009, contempla una profunda reforma de la Justicia del país que afecta, sobre todo, a las autoridades judiciales, que a partir de ahora deberán ser escogidas en las urnas por la ciudadanía.
Las primeras elecciones judiciales se celebrarán el próximo 5 de diciembre y en ellas se escogerán a los futuros miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, que actualmente adolecen de acefalías, serán elegidos por sufragio universal, entre los candidatos pre-seleccionados por la bicameral Asamblea Legislativa.
No obstante, hasta que se celebren dichos comicios, la Ley de Transición, aprobada esta semana por el Legislativo, permite al presidente designar, de forma momentánea, a los juristas que ocuparán dichos cargos para evitar un colapso del sistema de administración de Justicia que supera los 10.000 procesos pendientes, con 5.640 casos por resolver en el Tribunal Constitucional y 5.000 en el Tribunal Supremo.
Además, esta norma avala la extensión del mandato del Fiscal General interino, Mario Uribe, hasta que sea relevado en diciembre, para no frenar las investigaciones de los procesos en curso.