Publicado 09/08/2021 18:42CET

Bolivia.- Murillo acuerda una fianza de 250.000 dólares para salir de prisión mientras es investigado por blanqueo

Archivo - El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo
Archivo - El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo - ABI - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Arturo Murillo, el que fuera 'número dos' de Jeanine Áñez, ha logrado alcanzar un "acuerdo preliminar" con la Justicia de Estados Unidos para el pago de una fianza de 250.000 dólares (212.000 euros) y lograr así su puesta en libertad, mientras es investigado por un delito de blanqueo de dinero y sobornos en la compra de material antidisturbios en 2019 cuando era ministro de Gobierno.

"Tan pronto pague es posible que salga en libertad", ha revelado este lunes el abogado Daniel Pulecio en declaraciones a la televisión publica boliviana. "En las siguientes horas es poco probable", pero "han logrado un acuerdo preliminar sobre el monto de la fianza", que "es de 250.000 dólares".

Las declaraciones de Pulecio se han dado tras la vista preliminar en un tribunal de Miami a la que Murillo está citado, después de que se hubiera pospuesto hasta en dos ocasiones, el pasado 7 de junio y la última, el 9 de julio.

"A día de hoy la Fiscalía y la defensa han informado sobre ese acuerdo" y "la jueza lo ha aceptado, así que ahora solamente estamos esperando y estaremos monitoreando para que se informe de que se ha cumplido la condición de la fianza", cuenta Pulecio, quien ha explicado que "es absolutamente común" en Estados Unidos este tipo de arreglos.

Murillo permanece detenido en Estados Unidos desde finales del pasado mes de mayo por su participación en una red de sobornos y lavado de dinero, que le puede suponer una pena de 20 años de prisión si es hallado culpable.

El Departamento de Justicia afirma que dos ciudadanos estadounidenses pagaron 602.000 dólares (unos 170.000 euros) en sobornos "en beneficio de Murillo" para que la empresa de uno de ellos "obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia", en especial un contrato de unos 5,6 millones de dólares (4,6 millones de euros), para proporcionarle gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

Esa demanda de material antidisturbios se enmarca dentro de las protestas que surgieron después de que el expresidente Evo Morales se viera forzado a renunciar a sus victoria de las elecciones de octubre de 2019, acosado por la oposición y las Fuerzas Armadas, quienes le acusaron de un supuesto fraude electoral.

Durante las siguientes semanas se produjeron fuertes protestas y movilizaciones contra la destitución de Morales y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, con las masacres de Sacaba y Senkata como los episodios más funestos de aquellos meses convulsos, en los que murieron fruto de la represión del Ejército y la Policía una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.