Publicado 17/03/2021 16:04CET

Bolivia.- La OEA rechaza las acusaciones de "injerencia" por parte del Gobierno de Bolivia contra Almagro

Archivo - Luis Almagro, secretario general de la OEA
Archivo - Luis Almagro, secretario general de la OEA - EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

Pone en marcha medidas para enviar al TPI presuntas pruebas de crímenes de lesa humanidad

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado este miércoles las acusaciones de "injerencia" vertidas por el Gobierno boliviano contra el secretario general, Luis Almagro, y ha condenado el "tono represivo y amenazante" de las mismas.

En un comunicado, ha reafirmado sus "acciones" y ha lamentado que las autoridades bolivianas insistan en "personalizar en Almagro decisiones y posiciones institucionales" de la organización. Así, ha insistido en la necesidad de dar "justicia y reparación a las víctimas y familias de todos los actos de violencia y violaciones de los Derechos Humanos ocurridos en el país desde octubre de 2019 en adelante".

"Juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios al respecto y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente", recoge el texto, que indica que, entre otras cosas, hay que tener en cuenta los informes realizados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que apuntaba a "injerencias políticas y una corrupción en el sistema judicial generalizadas".

La OEA ha manifestado así que, "lamentablemente, la situación se ha agravado, lo que afecta a la credibilidad de los procesos en curso" y ha recordado que las acciones de "cooptación de la Justicia boliviana fueron ya señaladas públicamente cuando la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, que parecen en la actualidad consecuentes con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al Gobierno".

Por otra parte, ha defendido que parte de la labor de la organización es promover "un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales consagradas, entre otros, en los artículos XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

"La Secretaría General de la OEA considera que no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores", ha manifestado, si bien ha expresado que la intención del organismo es dejar claro que "la participación de la misión de observación electoral y de la auditoría" tuvo lugar "por invitación de Bolivia con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país, y no por ninguna injerencia colonialista".

En este sentido, ha hecho hincapié en que las misiones de organización se realizan "solamente a invitación del Estado que forma parte y con la firma correspondiente". También ha reiterado que las conclusiones de estas misiones se basan en la "observación y constatación de hechos debidamente probados y documentados, adhiriendo a los más altos estándares de observación".

DEFIENDE EL PAPEL DEL TPI

Por otra parte, ha defendido el papel del Tribunal Penal Internacional (TPI) a como instrumento "absolutamente necesario aún para la comunidad internacional". "Consideramos que el TPI tiene un papel fundamental para juzgar violaciones sistemáticas de Derechos Humanos que se hayan producido en Bolivia, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata", recoge el documento, que insiste en que la "impunidad nunca es una opción para un pueblo".

Para la organización es "inaceptable y repudiable" culpar a los informes de la OEA de la violencia y convulsión social en Bolivia, por lo que ha destacado que "la violencia y convulsión social ya estaba instalada en el país en forma inmediata al acto electoral del 19 de octubre de 2019".

Asimismo, han reiterado al Gobierno sus propuestas, resaltando que tienen como "único propósito" fortalecer las instituciones para "reforzar el Estado de Derecho".

En este sentido, ha anunciado que la Secretaría General ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para el envío a la Fiscalía del TPI de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad desde el Gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad.

La Secretaría General remitirá así al TPI las conclusiones e informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que entiende que "sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia".

ACCIONES LEGALES CONTRA ALMAGRO

La respuesta de la OEA llega un día después de que el Gobierno boliviano anunciara que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra Almagro ante lo que considera como "persistentes acciones de injerencia" en el país.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló el martes que se está valorando la posibilidad a raíz de las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019 y calificó al secretario general como un "actor político" que, en caso de poder ser juzgado, "lo será".

Así, espera que rinda cuentas por la "gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad" que supuso el informe realizado por la organización tras unos comicios que acabaron derivando en la salida de Evo Morales del país.

SERVIR A "INTERESES POLÍTICOS PARTICULARES"

Desde el Ministerio de Exteriores han sido rechazadas las peticiones de Almagro de poner en libertad a Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta interina del país tras la salida de Morales, argumentado que el secretario general de la OEA "no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia".

"Almagro se pronunció utilizando el discurso sobre Derechos Humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa; dejando de lado a las víctimas de las gravísimas violaciones cometidas por el Gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar", señaló el Gobierno en un comunicado.

"Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas", remarcaba el texto en el que se criticaba el "doble rasero" de Almagro cuando "evitó pronunciarse sobre las violaciones de Derechos Humanos durante el Gobierno de Áñez".

Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad y tildó sus declaraciones de ser un "atentado a la democracia". En su cuenta de Twitter, el exmandatario insistió, además, en que este carece de autoridad moral para pronunciarse sobre lo que sucede en Bolivia.

La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de Áñez.

Por otra parte, la organización ha cuestionado el sistema judicial boliviano y ha afirmado que no existen garantías de un juicio "justo", de "imparcialidad ni debido proceso" contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.

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