Publicado 21/11/2020 07:25CET

Bolivia.- Policía de Bolivia informa que exministro Murillo acusado de corrupción y buscado por la Interpol está en EEUU

El exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo
El exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo - ABI - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comandante general de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, ha confirmado este viernes que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, para el que la Interpol había emitido una orden de búsqueda y quien es requerido en el país, acusado de corrupción, está en Estados Unidos.

"Ha salido en diversas fechas", según ha confirmado Aguilera en declaraciones recogidas por al agencia de noticias estatal ABI, Murillo "salió el 5 de noviembre de Bolivia, salió el 9 de Brasil hacia Panamá y a partir de allí, hemos podido establecer que su paradero último es en Estados Unidos", ha precisado.

La Interpol remitió el miércoles una solicitud de búsqueda o sello azul para localizar a Murillo y al antiguo responsable de Defensa Fernando López, aunque de este último, de momento, se desconoce su paradero.

Las investigaciones indican que ambos cruzaron la frontera hacia Brasil el 5 de noviembre, llegando hasta Puerto Suárez en un avión militar desde Santa Cruz, bastión de la oposición al MAS y a Arce, en un vuelo prestado como "un último favor" por la Fuerza Aérea Boliviana, según ha informado el diario local 'La Razón'.

Sobre Murillo y López, miembros del Gobierno interino de Jeanine Áñez, pesan sendas órdenes de arresto por la presunta irregularidad en la compra en diciembre de 2019 de agentes químicos para las fuerzas de seguridad, en el conocido como el 'caso gases lacrimógenos'. Los dos exministros están acusados de un delito de uso indebido de influencias.

La Fiscalía boliviana ha señalado que existen en ambos casos, "elementos de convicción suficientes" sobre la comisión de delitos, así como riesgo de fuga o de obstrucción de las investigaciones.

Las investigaciones sobre Murillo y López parten de una denuncia presentada en junio por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), ahora en el Gobierno y, según la Fiscalía, los perjuicios económicos de la compra de los gases lacrimógenos podrían alcanzar los 2 millones de dólares (1,68 millones de euros).

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