MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Cochabamba de la Policía boliviana ha informado este sábado de que el dirigente del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) Marco Carrillo está siendo investigado por delitos de alzamiento armado, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa tras los enfrentamientos del viernes con efectivos de la Policía y el Ejército en la población de Sacaba que se saldaron con nueve muertos.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo; el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, y un responsable militar han comparecido en rueda de prensa para informar de un total de ocho detenidos en este incidente, incluido Carrillo, investigados por presunta comisión de delito de alzamiento armado, tenencia y portación de armas de fuego, fabricación y comercio de sustancias explosivas y asfixiantes, según recoge la emisora boliviana Erbol.
En los enfrentamientos de Sacaba fueron detenidas un total de 138 personas que posteriormente fueron liberadas tras cumplirse las ocho horas que prevé la ley. También fueron puestos en libertad cuatro varones y 49 mujeres, con lo que suman un total de 191 personas arrestadas y 10 aprehendidas solamente la jornada del viernes, han informado en rueda de prensa las autoridades.
Según al registro oficial, hay 17 personas heridas de los cuales 11 presentan lesiones por proyectil de arma de fuego y seis son policontusos, han añadido.
En cuanto a los fallecidos, a la Policía solo le constan dos, mientras que según el asesor legal de la Mancomunidad de los Municipios de Cochabamba, habría cinco personas más fallecidas en el hospital de Sacaba.
Además la Policía se ha incautado de un arma larga tipo fusil modificado, cinco vainas de fusil calibre 7.62, seis bazucas artesanales para explosivos, 75 unidades de petardos, dos granadas de gas, canicas, flechas, cascos, máscaras, tubos y objetos contundentes. También se encontraron mensajes de chat donde los movilizados sugieren causarse heridas para culpar a las fuerzas de seguridad.
El Ejército se encontraba en cuarta línea en Huayllani y no tenía autorización de armamento letal, por lo que descartaron que los fallecidos por impactos de bala sean producto de la acción de las fuerzas de seguridad.