Archivo - Manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo
MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Senadores de Bolivia reunida en la ciudad de Sucre ha aprobado un proyecto de ley que deroga la Ley de Estado de Excepción, una norma de 2020 que regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo, como la utilización del Ejército.
La norma establecía mecanismos de control y requisitos para la declaración del estado de excepción, incluyendo la supervisión legislativa y límites temporales a las medidas del Gobierno.
La propuesta ha sido ya remitida a la Cámara de Diputados para su ratificación y, de ser validada, otorgaría al Gobierno un mayor margen de acción y menos restricciones para la aplicación de un estado de sitio frente a escenarios de conflictividad social como el actual, en el que la capital, La Paz, lleva tres semanas bloqueada por las protestas que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
La propuesta fue respaldada por mayoría en el pleno del Senado. Quienes han apoyado la derogación han asegurado pretenden evitar posibles excesos en la aplicación de medidas excepcionales y preservar garantías constitucionales en medio del conflicto.
Mientras, sectores cívicos como el Comité pro Santa Cruz han instado al presidente Paz a decretar un "estado de excepción sectorizado" para garantizar la libre ciculación y afrontar los bloqueos.
Sin embargo, desde los sindicatos y organizaciones sociales convocantes de las protestas, creen que la aplicación de esa figura constitucional podría incrementar la confrontación y derivar en nuevos hechos de violencia.
PARAR LA VIOLENCIA
Por otra parte, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias han emitido un comunicado conjunto para exigir el cese inmediato de la violencia tras los enfrentamientos registrados el sábado en la carretera entre La Paz y Oruro y en distintos sectores de El Alto cuando el Gobierno lanzó un convoy de policías y militares para intentar sin éxito desbloquear las carreteras.
Piden además el "esclarecimiento urgente, independiente y transparente" de los hechos ocurridos, especialmente aquellos relacionados con personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos.
"Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora", señala el documento, que advierte sobre la necesidad urgente de restablecer unas condiciones reales de comunicación entre las partes y que se eviten medidas que profundicen la confrontación o pongan en riesgo la vida de la población.
Además, expresan su disposición a seguir realizando acercamientos tanto con sectores movilizados como con autoridades del Gobierno para contribuir a la reducción de la violencia y al restablecimiento de canales de entendimiento.
"La prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana", concluye el texto.