LA PAZ, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El senador boliviano Roger Pinto ha pedido asilo político en la Embajada de Brasil en La Paz, donde se encuentra refugiado desde el pasado lunes, por considerarse un perseguido del Gobierno de Evo Morales, al que responsabiliza de las amenazas de muerte que habría recibido en las últimas semanas.
Pinto es miembro de la opositora Convergencia Nacional y representante en el Senado del departamento de Pando (norte), fronterizo con Brasil. La justicia boliviana ha abierto unos 20 procesos judiciales en su contra por presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos.
En una carta dirigida al "pueblo boliviano" y leída el martes por representantes de su partido, el legislador anuncia que ha pedido asilo político a Brasil ante el "asedio y la persecución del Gobierno inclemente de Evo Morales". Las acusaciones son "descabelladas" porque "por cada denuncia que hice de corrupción o narcotráfico (contra el gobierno) fue abierto un proceso judicial en mi contra por desacato", ha explicado.
Según ha informado la agencia brasileña Estado, la legación diplomática brasileña en La Paz ha preparado una habitación para que Pinto pueda quedarse mientras el Gobierno de Dilma Rousseff, aliado de Morales, toma una decisión sobre la solicitud presentada esta semana.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Brasil, Tovar Nunes, ha revelado que el Gobierno de Brasil se encuentra "reuniendo elementos" para tomar una decisión. "Toda situación de asilo precisa una discreción muy grande para no perjudicar ni a la persona ni al gobierno de ese país", ha aclarado.
"PERSEGUIDO PENAL"
El senador Eugenio Rojas, jefe del grupo parlamentario del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ha sido uno de los primeros en reaccionar asegurando que Pinto "no está siendo perseguido políticamente sino penalmente, porque es acusado de varios delitos cometidos desde su gestión como prefecto de Pando".
La veintena de procesos judiciales que se han abierto en su contra están justificados, ha destacado Rojas, al poner como ejemplo la venta irregular de terrenos de la zona franca de la Aduana de Pando, así como la entrega "irregular" de unos 12 millones de bolivianos (1,3 millones de euros) a la Universidad Amazónica de Pando.
"Por eso es que Pinto debe rendir cuentas ante la justicia boliviana porque no es posible que haya vendido propiedad del Estado y haya destinado tanto dinero a la universidad, para quién sabe qué", ha dicho en declaraciones citadas por la agencia estatal ABI.
"Lamentamos mucho que en lugar de asumir responsabilidad y defenderse ante autoridades jurisdiccionales, asuma este tipo de actitudes y argumente violación de Derechos Humanos", ha expresado por su parte la ministra boliviana de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.