Actualizado 22/11/2012 00:27

Bolivia.- El vicepresidente de Bolivia aclara que el censo no servirá para redistribuir territorios o propiedades


LA PAZ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, ha aclarado que el censo que tiene paralizado este miércoles al país no servirá para la redistribución territorial ni de la propiedad de las tierras, sino que solo afectará a "la distribución de los recursos" y "la planificación de las inversiones en servicios básicos".

García Linera ha salido al paso de los rumores "locos" y producto de una "mente perversa y destructiva" que, a su juicio, pretenden enfrentar a los bolivianos. En este sentido, ha acusado a "agentes extranjeros" de alertar sobre un posible reparto de territorios a raíz del estudio que elabora el Instituto Boliviano de Estadística (INE).

El vicepresidente ha subrayado, al ser censado en su vivienda, que la Constitución y el actual Gobierno son "garantes fundamentales" de las tierras "conquistadas con lucha por los pueblos indígenas". En este sentido, ha añadido, "ningún 'tribilín' va a venir a quitarles lo que ha sido conquistado por derecho y por historia por los pueblos indígenas".

Asimismo, ha explicado que el límite entre poblaciones se incluirá en una norma en la que ya trabaja la Asamblea Legislativa Plurinacional.

García Linera ha marcado como objetivo del censo establecer políticas públicas en función de las necesidades de población, así como planear la distribución de recursos para un periodo de diez años. Estos cambios serán claves para cumplir con el Plan Patriótico planteado por el Gobierno de Evo Morales, que quiere que todos los bolivianos cuentan con servicios básicos antes de 2025.

Unas 217.000 personas se encargan de recorrer los dos millones de hogares y emplazamientos que existen en Bolivia. A ellos se suman 38.000 policías y 43.000 soldados, así como 50.000 voluntarios que pueden ser convocados por las autoridades si así lo estiman necesario, informa la agencia de noticias oficial ABI.

Bolivia, país con una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, no realiza ningún estudio de población desde 2001, año en el que se cifró en 8,2 millones el número de habitantes. Si la tasa de crecimiento se ha mantenido en la última década, en torno al 2,11 por ciento, el censo de 2012 arrojará una población aproximada de 10,1 millones de habitantes.

El censo, que costará alrededor de 50 millones de dólares (unos 39 millones de euros), ha llegado precedido de la polémica por la supuesta redistribución de los límites municipales y de los recursos. Varias comunidades se han manifestado, incluso cortando carreteras, para protestar contra la iniciativa.