MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los familiares de las víctimas de las protestas postelectorales de Bolivia en Senkata han precisado este viernes que "aún" no han firmado el acuerdo de indemnización con el Gobierno interino de la presidenta, Jeanine Áñez, y que sólo se han mantenido "reuniones".
El Gobierno interino de Bolivia acordó el martes con la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto y Achacachi una indemnización a las familias de las víctimas mortales de 100.000 bolivianos (algo más de 13.100 euros), que se entregarán en calidad de "ayuda humanitaria".
"Pero quiero aclarar que esto no está definido aún, no se firmó nada. Porque ellos (el Gobierno) dicen una cosa y ya se quedó en un acuerdo, pero estamos esperando", ha indicado la representante de los heridos en el conflicto de Senkata, Gloria Quisbert.
Además, Quisbert ha incidido en que los heridos no recibirán 50.000 bolivianos (unos 6.500 euros), como se había sugerido en un primer momento, sino que el importe de la indemnización final se determinará de acuerdo a las lesiones que presenten las víctimas.
"Un punto que se había tocado era la ayuda humanitaria para los fallecidos de 100.000 bolivianos, eso ya se tomó. Pero no es 50.000 para los heridos, quiero aclarar que eso lo están malinterpretando, serán porcentajes que se les darán a los heridos de acuerdo al caso", ha insistido.
Los familiares de las víctimas mortales de la represión policial en Senkata rechazaron una indemnización de 50.000 bolivianos en un principio, ya que aceptarla les cerraría la posibilidad de poder reclamar una investigación de los hechos ante instancias internacionales.
No obstante, Gobierno y representantes sociales convinieron la derogación del montante inicial y la imposibilidad de acudir a instancias internacionales. Asimismo, se acordaron "facilidades" para el ingreso a universidades en favor de los heridos y familiares de las víctimas.
CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA
La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, y tuvieron lugar numerosas protestas en el país.
En Senkata, una pequeña localidad de El Alto, se registraron 10 muertos y más de 40 heridos después de que la Policía y el Ejército la emprendieran con los partidarios del expresidente de Bolivia Evo Morales, que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Gobierno, que negó que las fuerzas del orden disparasen sus armas de reglamento, decidió ante la ola de protestas emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal. Finalmente, tuvieron que dar marcha atrás tras las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.