LA PAZ, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) insiste en acusar a un senador de la oposición y ex director de la petrolera Andina, filial de la hispano argentina Repsol YPF, de firmar el polémico acuerdo con la brasileña Petrobras, para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, que según las autoridades causó pérdidas millonarias al Estado.
El directivo de YPFB Sergio Miranda ha confirmado "con pruebas documentales" que el actual senador de la alianza opositora Podemos, Oscar Ortiz, fue "juez y parte" de la firma de varios actas sobre el negocio de los hidrocarburos en su etapa como director de Andina, por lo que conocía el contrato que causó pérdidas al Estado por 161 millones de dólares.
Es más, aseguró que después de haber firmado varios contratos en el directorio de Andina, Ortiz conformó un Comité de Auditoría que "revisó" si esos contratos preservaron los intereses del país y se ajustaron a las normas legales. "Tenía toda la responsabilidad de cuidar nuestros intereses. Pero no lo hizo incluso sabiendo que los contratos eran lesivos", añadió.
"ES NUESTRA EMPRESA"
El senador Ortiz reconoció la semana pasada que fue síndico y director de Andina, pero negó que haya tenido conocimiento de ese contrato. "En ninguna reunión del directorio en las cuales participé se firmó o se trató ese tema (contrato)", aseguró Ortiz, principal impulsor de la censura al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, y crítico con la nacionalización decretada.
Miranda indicó que la Fiscalía, que registró las oficinas de Andina el pasado viernes, seguirá con la investigación en base a la documentación incautada en esa diligencia. "Las actas encontradas las firma el senador Ortiz, pese a que decía que no. Senador Ortiz, yo le digo que usted firmaba en 2002 como director suplente y en 2003 ya no firma como suplente sino como director vocal y como titular", añadió.
Por último, subrayó que Andina está obligada a abrir sus puertas a los bolivianos porque desde la nacionalización del 1 de mayo la empresa retornó a dominio del Estado. "Cuando nos hemos apersonado en las oficinas de Repsol YPF y Andina, nosotros como Estado y como partícipes del 48 por ciento de las acciones tenemos el derecho de ingresar a nuestra empresa, porque es nuestra empresa", sentenció.
CONTRA ANDINA, NO CONTRA REPSOL
En este contexto, el fiscal de distrito Santa Cruz, Jaime Soliz, aclaró ayer en rueda de prensa que los cinco fiscales dirigen la investigación en contra de Andina, y no contra Repsol YPF, a la que garantizó "seguridad jurídica". Además, precisó que ordenó hacer el registro para confiscar documentación sobre el caso que permitiera continuar con las investigaciones.
La Fiscalía de Santa Cruz acusa a la filial boliviana de Repsol YPF de pactar en el año 2002 con Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para el Estado boliviano. Sin embargo, la petrolera brasileña comunicó la semana antepasada que el contrato se ha dejado sin efecto.
Por su parte, el senador del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Antonio Peredo consideró "indudable" que quienes ahora son los mayores críticos del Gobierno de Evo Morales tuvieron un relación "estrecho" con todo el proceso de privatización de empresas estatales como YPFB. "No me extraña que Ortiz haya trabajado para la petrolera extranjera", indicó.