BRASILIA, 13 Feb. (Notimérica) -
Desde que Jair Bolsonaro presentó su candidatura a la presidencia del Gobierno brasileño, y más desde que asumió el poder el 1 de enero, han sido numerosas las medidas polémicas que ha anunciado --algunas incluso ya las ha materializado--, sobre todo en materia de derechos humanos y medioambientales.
Bolsonaro, que acaba de recibir el alta tras 18 días hospitalizado, también se ha propuesto endurecer la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y los delitos violentos, pero sus medidas han suscitado todo tipo e críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y del grueso de la oposición.
A modo de resumen, durante el año 2017 se produjeron en Brasil 63.880 homicidios, de los cuales 5.144 fueron a manos de la Policía, que también terminó con 367 bajas.
Contra esto, el Gobierno de Bolsonaro presentó la semana pasada un Anteproyecto de Ley con una batería de 19 medidas, según recoge 'Actualidad RT'. El hombre al mando de este anteproyecto es el ministro de Justicia, Sergio Moro, quien fuera el juez encargado de encarcelar al expresidente Lula Da Silva por supuestos delitos de corrupción.
Entre las medidas que propone Moro una de las más controvertidas es la de reforzar la protección a los policías. De acuerdo con el nuevo anteproyecto de ley, las acciones violentas podrían considerarse "legítima defensa". Este hecho, sumado a que el cuerpo de Policía brasileño está considerado como uno de los más violentos del mundo por diferentes organismos, ha puesto en jaque a la oposición.
Respecto a las organizaciones criminales, Moro propone que "a los miembros de grupos criminales se les deniegue automáticamente la posibilidad de libertad provisional y que no tengan derecho a reducción de pena", afirma 'RT'. Además, quienes hayan sido capturados con armas tendrán que cumplir sus penas en cárceles de máxima seguridad.
Por otro lado, el anteproyecto propone la prisión obligatoria para quienes hayan sido condenados en segunda instancia, pese a que aún les queden vías para recurrir. Hasta la fecha, la Constitución recoge que nadie es considerado culpable hasta que se concluya su proceso. Para el presidente del Instituto Carioca de Criminología (ICC), Nilo Batista, "la propuesta viola el principio de presunción de inocencia", según asegura al ser preguntado por el mismo medio.
En cuanto a los acusados por homicidio, mientras la actual legislación prevé su ingreso en prisión preventiva en determinados casos, el nuevo plan de Justicia y Seguridad "propone que todos los sospechosos de asesinato pasen a estar automáticamente privados de su libertad mientras se procesa su caso".
También se endurecerán las penas por delitos de corrupción o blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos, de manera que si hasta la fecha en Brasil tan solo entraban en prisión los condenados a penas superiores a ocho años, ahora lo hagan "todos excepto aquellos casos en los que el valor de lo apropiado sea muy reducido". Además las penas se cumplirán en régimen cerrado. Moro plantea también tipificar como crímen la creación de cajas B de partidos para hacer campaña electoral con donaciones no declaradas.
Estas medidas, según los expertos, podrían traer un sobrecargo de presos en las cárceles brasileñas, un país que ya de por sí acumula la tercera mayor población penitenciaria del mundo con una ocupación superior al 175 por ciento, según explicó el abogado Carlos de Almeida Castro. Para el ICC, "los indicadores demuestran que el endurecimiento de las penas en la política contra las drogas ha sido un fracaso desde hace dos décadas".
Para Batista, saldrían beneficiados con estas medidas tanto el Poder Judicial, "que tendrá más poder", como los abogados que verían cómo aumenta su cartera de clientes; pero para la ciudadanía "sería pésimo, ya que habría un retroceso de sus derechos frente a un Estado empeñado en sustituir políticas sociales por políticas criminales".