Archivo - El senador conservador brasileño Esperidião Amin. - Europa Press/Contacto/Wallace Martins, Wallace Mar
MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El senador Esperidiao Amin, responsable del proyecto de ley que busca reducir las condenas de los implicados en el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha admitido que necesita cambios antes de enviarse al Senado tras se aprobado por la Cámara de Diputados.
Amin ha explicado que tal y como está redactado el texto aprobado en la Cámara Baja, podrían beneficiarse otros condenados por hechos que nada tuvieron que ver con los incidentes violentos del 8 de enero de 2023. "El proyecto de ley abarca otros tipos de delitos, desde corrupción hasta explotación sexual", ha contado.
"Estoy seguro de que ningún senador votará a favor", ha reconocido el senador del conservador partido Progresistas, en una entrevista para GloboNews. "Tristemente, el texto que vino de la Cámara, en teoría para reducir la pena (...) del expresidente Bolsonaro, en verdad, abarca otro tipo de delitos", ha lamentado.
Según ha revelado, el texto actual podría beneficiar a personas condenadas por delitos de explotación sexual, proxenetismo, coacciones, u organización criminal, y ha considerado todo "un desafío a la creatividad" retocar el proyecto sin que tenga que volver a pasar por del debate de la Cámara Baja.
Amin ha insistido en que las condenas a los implicados en la trama golpista "son muy severas y desequilibradas". La del expresidente brasileño asciende a 27 años y tres meses de cárcel, siete de los cuales ha de cumplir en régimen cerrado, que cumple ya en una celda especial en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.
Bolsonaro, que buscaba cumplir su condena bajo arresto domiciliario, fue enviado a este espacio después de que intentara retirarse la tobillera electrónica. Se trata de una celda de unos doce metros cuadrados, dispone de cama individual, aire acondicionado, nevera, cuarto de baño y televisión, y reformada recientemente.
El texto aprobado hace unos días por la Cámara Baja es una alternativa al proyecto de ley de amnistía con el que se pretende reducir drásticamente las penas por golpismo y desórdenes públicos. En el caso de Bolsonaro, los siete años a cumplir en régimen cerrado pasarían a dos años y cuarto meses.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, evitó hablar al respecto, si bien dejó claro que Bolsonaro "tiene que pagar por su intento de destruir la democracia" y que ya tomará una decisión en caso de que el texto llegue a su escritorio.