Publicado 05/07/2021 12:27CET

Brasil.- La comisión brasileña de la COVID-19 apunta hacia el 'gabinete del odio' por su campaña de desinformación

20 June 2021, Brazil, Rio de Janeiro: A medical assistant prepares to vaccinate a young woman (R) against Coronavirus (Covid-19) on the island of Ilha de Paqueta. Photo: Fernando Souza/dpa
20 June 2021, Brazil, Rio de Janeiro: A medical assistant prepares to vaccinate a young woman (R) against Coronavirus (Covid-19) on the island of Ilha de Paqueta. Photo: Fernando Souza/dpa - Fernando Souza/dpa

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras varias semanas siguiendo la pista de supuestas irregularidades cometidas en la compra de vacunas contra el coronavirus, la comisión parlamentaria que se encarga de estudiar la labor del Gobierno durante la crisis sanitaria tiene previsto dirigir su nueva investigación hacia el conocido como 'gabinete del odio', desde el que se habrían lanzando noticias falsas sobre la pandemia.

Por el momento, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) ha identificado a ocho personas próximas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que podrían estar detrás de esta serie de mensajes lanzados desde redes sociales en los que se anima a no usar mascarilla y sí tratamientos precoces sin ningún efecto médico comprobado como la cloroquina, en detrimento de las vacunas.

"Después de la vacuna, ahora estamos asesorándonos bien sobre la cuestión de las 'fake news', ese es nuestro cuarto objetivo", confirmó el presidente de la CPI, el senador Omar Aziz durante una reciente entrevista para el diario 'O Glob0'.

El principal objetivo de la CPI en este sentido es el llamado 'gabinete del odio', desde el que se habrían estado lanzado estas campañas de desinformación. Se sospecha que uno de los principales responsables de dicho grupo sería uno de los hijos del presidente brasileño, Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro.

Una investigación que ya ha sido atacada desde varias partes de la familia Bolsonaro, como otro de los vástagos del presidente, el senador por Patriotas Flávio Bolsonaro, quien ha asegurado que la CPI busca "criminalizar la opinión de las personas" y "cercenar la libertad de expresión".

"¿Quién decide qué es una noticia falsa? ¿Quién puede decir si el virus surgió en China, o no? ¿Es correcto decir que si una persona recomienda un tratamiento precoz para una enfermedad está estimulando el genocidio? Es muy objetivo. Las personas que están siendo investigadas están siendo utilizadas como instrumento para atacar a Bolsonaro", ha cuestionado Flávio.

Sin embargo, para la CPI se trata de una "una oportunidad única" para seguir avanzando en dirección hacia quienes conformarían ese 'gabinete del odio', en el que podrían haber participado tres asesores del Gobierno, como son Tercio Arnaud Tomaz, José Matheus Sales Gomes y Mateus Matos Diniz.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

Además de intentar dilucidar quiénes estarían detrás de ese 'gabinete del odio', la CPI también iniciará una investigación contra aquellas personalidades e 'influencers' a que a través de redes sociales han estado defendiendo esas teorías de la conspiración y el resto del argumentario contra la pandemia.

Por ahora, la comisión ha identificado a trece personas, entre ellas el filósofo y escritor brasileño Olavo de Carvalho, considerado una de las influencias más marcadas del presidente Bolsonaro. El siguiente paso será identificar los medios y plataformas desde las que difunden estos mensajes y finalmente, decenas de perfiles falsos o anónimos de redes sociales.

Por último, la CPI tiene previsto solicitar el levantamiento del secreto bancario de los sospechosos para conocer quienes estarían financiado estas redes. De acuerdo con los informes que maneja la CPI y a los que ha tenido acceso el periódico 'O Globo', quienes han difundido estos mensajes durante la pandemia han amasado cantidades cercanas a los 230.000 reales (unos 38.000 euros).

No obstante, la supuesta campaña de desinformación que se habría estado lanzado durante la crisis sanitaria no solo implicaría a ese 'gabinete del odio' o a perfiles particulares en redes sociales, sino también a algunos ministerios y secretarias del Gobierno. Son los casos también de la cartera de Salud, la de Comunicación, e incluso una oficina dependiente de la de Asuntos Exteriores.