MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Brasil ha formalizado este jueves la comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre los ataques a las instituciones del 8 de enero, que estará formada por 32 congresistas --a partes iguales entre senadores y diputados--, siendo mayoría los partidos del Gobierno y sus aliados.
Esta nueva comisión estará presidida por el diputado de Unión Brasil Arthur Maia, mientras que el cargo de relatora ha sido encomendado a la senadora de centro-derecha Eliziane Gama, aliada del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y cercana el ministro de Justicia, Flávio Dino.
Esta cercanía ha sido el argumento utilizado por el senador Marcos do Val --quien llegó a acusar al expresidente Jair Bolsonaro de presionarle para que se sumara al supuesto golpe de Estado --para cuestionar su designación, puesto que Dino se presupone objeto de la investigación por parte de la oposición.
"Es un momento de la más extrema importancia para el Congreso Nacional y cada uno de los miembros tenemos que investigar lo que ocurrió el día 8 de enero. Esta comisión estará prestando un servicio a la democracia", ha enfatizado Maia, según recoge el diario 'O Globo'.
El Gobierno de Lula confía en que esta comisión pueda alcanzar al que fuera secretario de Justicia de Bolsonaro y encargado de Seguridad de Brasilia durante los ataques, Anderson Torres, quien recientemente fue puesto en libertad después de casi cuatro meses en prisión preventiva por aquellos hechos.
La implicación de Torres --se encontró en su domicilio el borrador de un 'decreto golpista'-- esperan que sirva para incluir en esta comisión a un Bolsonaro que tras llegar de Estados Unidos tiene ante sí una veintena de causas abierta por diversos motivos, entre los cuales está el de su supuesta responsabilidad como instigador intelectual de los ataques.
La oposición estará liderada por el núcleo duro del expresidente, entre ellos dos de sus hijos, Flávio y Eduardo, quienes ejercerán de suplentes del diputado delegado Alexandre Ramagem. El objetivo es no solo aplacar la narrativa sobre la responsabilidad de Bolsonaro, sino también la de achacar una supuesta falta de omisión del Gobierno de Lula tanto la víspera como el día de los ataques.