Publicado 20/01/2024 04:52

Brasil.- El Consejo de Política Penal de Brasil aprueba la recomendación del uso de cámaras corporales para la Policía

Policía de Brasil
Policía de Brasil - Europa Press/Contacto/Cris Faga

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional de Política Penal y Penitenciaria de Brasil (CNPCP) ha aprobado este viernes una recomendación para el uso de cámaras corporales por parte de la Policía en todo el país, pero la medida no es obligatoria y será enviada al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, para su aprobación.

El texto aprobado establece reglas generales para la grabación, almacenamiento y acceso a imágenes grabadas durante el trabajo policial realizado por las corporaciones y, según las normas, los organismos de seguridad pública deben utilizar sistemas de cámaras que funcionen automáticamente. El registro deberá realizarse durante todo el turno de servicio y conservarse durante un período mínimo de tres meses, ha informado la Agencia de Brasil.

Las grabaciones deberán realizarse durante las detenciones en el acto, en la ejecución de órdenes de aprehensión y durante las inspecciones de las actividades penitenciarias.

La recomendación prevé que los interesados podrán solicitar acceso a las imágenes, entre ellos personas que hayan sufrido abordajes policiales inadecuados y agentes que sean acusados de abuso de autoridad y que quieran acreditar la legalidad de sus actuaciones.

Según el presidente del consejo, Douglas Martins, el objetivo de la recomendación es reforzar la transparencia de la actuación policial, obtener pruebas para las investigaciones, proteger la actuación policial y ayudar en el control externo de la actividad policial por parte del Ministerio Público.

"Estamos ante una recomendación. El consejo decidió en lugar de aprobar una resolución, que tendría un carácter más imponente, convertirla en una recomendación, que señala un horizonte de lo deseable", ha afirmado.

El CNPCP es un órgano colegiado vinculado al Ministerio de Justicia y tiene la función de coadyuvar en la formulación de políticas públicas en el área penal y penitenciaria. El grupo está integrado por profesionales del derecho, docentes y representantes de la sociedad civil.