RÍO DE JANEIRO, 31 Mar. (Notimérica) -
Brasil asiste dividido al debate sobre la reducción de la mayoría de edad penal, que podría pasar de los 18 a los 16 años; una vieja reivindicación de los sectores más conservadores del arco político que choca con los partidos de izquierda y los movimientos sociales, que critican que se intente atajar la delincuencia aumentando las penas en lugar de apostar por la prevención y la reinserción.
La Constitución brasileña establece la mayoría de edad legal en los 18 años, y modificar el texto no es fácil; primero la propuesta ha sido aprobada por la Comisión de Justicia y Constitución y después tiene que pasar por la evaluación del plenario de la Cámara de los Diputados en dos ocasiones. La complejidad del reglamento hace que esta propuesta lleve 23 años intentando ser aprobada.
Sus impulsores pertenecen principalmente a la 'bancada da bala' -congresistas ultrareligiosos y conservadores con intereses en la industria de seguridad y las armas--, pero la iniciativa también cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB); de hecho, su principal líder y ex candidato a la presidencia, Aécio Neves, llevaba esta propuesta como uno de sus principales puntos del programa electoral.
Los defensores alegan que en un país como Brasil, marcado por la violencia, muchos crímenes quedan impunes porque los cometen adolescentes; por eso proponen que los delitos de sangre y los que tengan que ver con el tráfico de drogas conlleven penas de más de tres años, superando el límite que marca ahora el Estatuto del Niño y el Adolescente.
Además, alegan que a los 16 años en Brasil los jóvenes ya pueden votar, abrir una empresa, casarse y hasta cambiar de sexo, por lo que ya tienen una edad para asumir responsabilidades penales.
Pero la oposición al proyecto cuenta con el apoyo del partido del Gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff, y de aliados como el Partido Comunista de Brasil (PC do B) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), situados a su izquierda. La ex candidata a la presidencia Marina Silva, ahora fuera del foco político, también se manifestó en contra en su momento.
ARGUMENTOS EN CONTRA
Legalmente argumentan que la mayoría de edad no puede modificarse porque la "inimputabilidad" de menores de 18 años es una garantía individual, y por lo tanto, forma parte de una de las "cláusulas pétreas" de la Constitución, que no pueden tocarse, como ha explicado varias veces el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. En cualquier caso, desde el PT ya han avisado que si la modificación sale adelante la llevarán al Tribunal Supremo para frenarla.
Además, remarcan que, según datos de 2011, tan sólo el 1% de los homicidios del país fueron cometidos por menores de edad y argumentan que castigar a los menores sólo contribuiría a colapsar aún más el precario sistema carcelario de Brasil, que cuenta con más de 570.000 detenidos, la mayoría de ellos hacinados en cárceles sin las mínimas condiciones de salubridad. En 1990 había en todo el país 90.000 presos, y de 1992 a 2013 la población carcelaria aumentó un 403,5%, mientras que el número de habitantes creció un 36%.
Los detractores de la reducción han creado una web '18 razones contra la reducción', en que subrayan que la educación es más efectiva que las condenas y que el índice de reincidencia en las cárceles es del 70%, contra el 20% de los jóvenes que pasan por programas socioeducativos. Además, critican que para el Estado es más fácil "detener que educar" y que habría que ir a las raíces del problema y atajar las causas que llevan a los adolescentes a la marginalidad.
LA SOCIEDAD, A FAVOR
El ambiente en el Congreso estos días está tenso por los enfrentamientos entre los partidarios y los contrarios a la reducción de la edad penal. Entre los que están a favor están familiares de víctimas que fueron asesinadas por menores de edad. Uno de los rostros más visibles es el de la diputada del Partido Socialista de Brasil (PSB) Keiko Ota, cuyo hijo fue brutalmente asesinado a los ocho años.
Desde que es diputada la reducción de la edad penal ha sido su "única obsesión", pero algunos compañeros, como el diputado del PSOL Ivan Valente no están de acuerdo en legislar 'en caliente': "Quien ha sido víctima puede pedir [la reducción] porque ha sido afectado, pero los legisladores no podemos. Debemos tener sabiduría para actuar", considera.
A pesar del debate y de la fuerte oposición de los partidos de izquierda, la gran mayoría de la sociedad brasileña parece apoyar la medida, según las encuestas. Un sondeo que el instituto Datafolha realizó en 2013 entre los habitantes de São Paulo arrojó un resultado de 93% a favor y un 6% en contra. El porcentaje, además de rotundo, ha crecido en los últimos años, pues en 2003 eran el 83% los que estaban a favor y en 2006 el 88%.