MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Brasil han pedido a la Justicia Federal de Amazonas que exija al Estado indemnizar con 50 millones de reales (unos nueve millones de euros) a los pueblos indígenas del Valle del Yavarí, para invertir en seguridad y evitar que se repitan crímenes, como los asesinatos hace un mes del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira.
"El indigenista y el periodista son los rostros más recientes y trágicos del escenario detallado en la apertura de esta demanda. Dieron su vida para dejar constancia y encarar las amenazas a las que se enfrentan los territorios indígenas y sus pueblos. Lucharon por esta causa y murieron por ella", destaca la demanda.
La petición de estas autoridades brasileñas responde a la falta de estructuras y organismos adecuados para proteger a las comunidades indígenas, así como a los funcionarios estatales y trabajadores de la sociedad civil que se desempeñan en la región, informa el diario 'O Globo'.
El procurador nacional, Fernando Soave, y los defensores, Renan Sotto Mayor y Francisco Nóbrega, han señalado que la indemnización vaya a parar para la Fundación Nacional del Indio (Funai), que será la encargada de presentar los proyectos "en beneficio de los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto".
La falta de recursos y seguridad, así como las carencias a las que tiene que hacer frente la Funai, contribuyen a casos como los de Phillips y Pereira, asaltados cuando cruzaban el río Itaquaí, y al del funcionario Maxciel Pereira dos Santos, asesinado a tiros en Tabatinga en 2019, recuerdan las autoridades.
"Fue el fracaso de este modelo, un modelo diseñado por la propia política indígena del Estado, lo que trajo como consecuencia la desprotección territorial y la inseguridad de los pueblos indígenas que habitan esos lugares", señala el texto enviado a la Justicia Federal de Amazonas.
Esta misma semana, la Defensoría también ha reclamado a la Justicia que obligue a la Funai que brinde la seguridad necesaria a los empleados de la agencia y a los que habitan en estas comunidades del Valle del Yvarí tal y como se le ordenó el pasado 14 de junio "para que no ocurran otras tragedias" como las ya acontecidas.