BRASILIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Mauricio Gotardo se ha posicionado a favor de ratificar la condena contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva porque "lamentablemente se corrompió", mientras que la defensa ha insistido en la necesidad de anular dicho fallo por falta de pruebas, en el arranque de una sesión judicial que decidirá el futuro político del líder izquierdista.
"Lamentablemente, Lula se corrompió", ha afirmado Gotardo. El representante del Ministerio Público no ha dudado de que Lula es el verdadero dueño del tríplex de lujo que la constructora OAS le habría regalado como pago a sus favores políticos y que según el ex presidente es una mera inversión familiar.
Para reforzar su teoría, Gotardo ha llamado la atención sobre el hecho de que fue el entonces 'número uno' de OAS, José Aldemario Pinheiro, quien enseñó el tríplex a Lula y su familia. "Causa extrañeza que el presidente de una empresa haga las veces de maestro de ceremonias", ha apostillado.
Gotardo no ha dudado en expresar su repulsa a la "cultura retrógrada" de sobornos. "Esa relación entre el mundo político y el mundo empresarial muestra como una intimidad absolutamente artificial basada en el toma y daca", ha espetado, según informa la Agencia Brasil.
LA DEFENSA PIDE ANULAR EL PROCESO
El abogado de la defensa, Cristiano Zanin, ha hecho oídos sordos a este firme alegato de la Fiscalía y ha mantenido su petición de anular todo el proceso judicial, por supuestas irregularidades y en cualquier caso la condena porque, según ha denunciado, no recoge ni una sola prueba de las presuntas corruptelas de Lula.
"El crimen de corrupción pasiva se tipifica cuando el funcionario público recibe una ventaja indebida y es preciso establecer un nexo causal. Pero aquí, en esta sentencia, el juez dice que hubo actos de oficio indeterminados, lo cual significa reconocer que no hay actos de oficio en este proceso", ha sostenido.
FALLO CLAVE
Los tres jueces que forman el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Brasil, con sede en la ciudad de Porto Alegre, deben decidir si confirman o tumban la condena a nueve años y seis meses de cárcel que el juez federal Sergio Moro, en cuyas manos recae la macrocausa de Petrobras, donde se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de jugosos contratos de la petrolera estatal, dictó el 13 de julio contra Lula por blanqueo de capitales y corrupción pasiva.
Una condena firme impediría a Lula registrarse como candidato para las elecciones presidenciales que Brasil celebrará el próximo 7 de octubre, carrera en la que parte como favorito, según todos los sondeos sobre intención de voto, a pesar de que tiene pendientes otras cuatro causas por corrupción y abuso de poder.
No obstante, los expertos legales ya han advertido de que, si el voto de los tres jueces no es unánime, aunque le condenen, Lula podría recurrir con el objetivo de dilatar el proceso y conseguir su inscripción electoral. En el caso de que las autoridades electorales no le admitan como candidato, podría aducir una violación de derechos fundamentales.
La sentencia de este miércoles es clave para las próximas elecciones, bien porque pondrá a Lula en la carrera por el Palacio de Planalto, bien porque le descartará y en ese caso, según los analistas políticos, el Partido de los Trabajadores se verá sin candidato.