BRASILIA, 21 May. (Reuters/EP) -
La fiscalía federal brasileña ha pedido el viernes a Antonio Palocci, jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, que ofrezca todos los detalles sobre los contratos que ganó como asesor antes de entrar en el Gobierno en enero. Se trata de una reacción a las crecientes acusaciones vertidas desde la oposición sobre tráfico de influencias.
Palocci desempeñó ese trabajo mientras ejercía de jefe de campaña de Rousseff el año pasado y ocupaba un escaño en la Cámara Baja, en nombre del Partido de los Trabajadores.
Ahora dispone de un plazo de más de 15 días para dar explicaciones sobre los contratos, la identidad de sus clientes y la razón por la que en los últimos cinco años se han multiplicado por 20 sus ingresos por sus actividades como asesor.
Los opositores apuntan a que el anterior trabajo del actual jefe de gabinete podría haber influenciado las decisiones del Gobierno sobre algunos de sus antiguos clientes. Palocci lo niega, y subraya que había tomado todas las medidas necesarias para evitar recurrir en un conflicto de intereses con su compañía --Projeto-- y afirma sus ingresos están correctamente estipulados.
El escándalo comenzó el 15 de mayo, cuando el 'Folha de S.Paulo' reveló los ingresos de Palocci por sus propiedades de gama alta en Sao Paulo. Se trata de la primera polémica grave en la que se ve implicado un miembro del equipo de Rousseff, que asumió la Presidencia el 1 de enero. La legislación brasileña no prohíbe que los parlamentarios reciban ganancias por actividades empresariales privadas.
Solo en 2010, Projeto generó unas ganancias de 20 millones de reales (unos 8,7 millones de euros). Palocci admite que no ha podido ofrecer más información al respecto porque firmó cláusulas de confidencialidad con la mayoría de los contratos. Algunos parlamentarios piden que el miembro del Ejecutivo haga pública su lista de ex clientes.
Palocci dimitió como ministro de Finanzas en 2006 a consecuencia de un escándalo sexual y de sobornos. Erenice Guerra, el último jefe de gabinete del ex presidente Luiz Inázio Lula da Silva, dimitió entre las acusaciones de tráfico de influencias.
Ya en 2005 su predecesor, Jose Dirceu, también tuvo que abandonar el cargo por su participación en una política de régimen por votos. Además se le suspendieron sus derechos políticos por un periodo de diez años.