MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Brasil se ha mostrado este miércoles "terminantemente en contra" de la aprobación de un proyecto de ley que espera a ser votado en la Cámara de Diputados y que equipararía al crimen organizado con el terrorismo. El Ejecutivo presidido por Luiz Inácio Lula da Silva ha argumentado que abriría la puerta a la intervención extranjera en el país.
"El terrorismo tiene un objetivo político e ideológico y, según el Derecho Internacional, proporciona cobertura a otros países para que intervengan en nuestro país. No estamos de acuerdo con eso", ha afirmado la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, en declaraciones recogidas por la Agencia Brasil acerca de la propuesta impulsada por el diputado Danilo Forte, de la derechista Unión Brasil.
Al hilo, ha lamentado que la Cámara haya tenido "dormitando desde hace seis meses" la propuesta de enmienda a la Constitución sobre Seguridad Pública enviada por el Ejecutivo en abril, que busca reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del trabajo de las autoridades en la lucha contra las organizaciones criminales, mediante estrategias como una mayor cooperación entre instituciones y Gobierno.
"Aún no ha tomado medidas al respecto. Se encuentra en la comisión especial, y espero que el ponente investigue a fondo su informe para que podamos aprobarlo lo antes posible, dándonos las condiciones para llevar a cabo operaciones integradas", ha indicado la ministra.
De igual manera, ha recordado el Gobierno ya ha enviado al Congreso un proyecto de ley que rige la lucha contra grupos delictivos y que incluye penas más severas para los líderes y miembros de organizaciones criminales, entre otras medidas.
La respuesta contra el crimen organizado ocupa en las últimas semanas un lugar central en el debate público brasileño desde que el martes de la semana pasada una operación policial en dos barrios de favelas de Río de Janeiro terminó con la vida de 121 personas.
Entre ellos había dos menores y más de medio centenar de personas contra las que no existía ninguna orden judicial, aunque las autoridades policiales han vinculado al 95 por ciento de involucrados con el grupo armado.
Por su parte, el gobernador de Río, Cláudio Castro --que ha tachado de "maldita" la normativa que rige la actuación policial para prevenir ilegalidades y abusos y reducir la letalidad--, ha defendido la operación, así como lo han hecho muchos de sus homólogos de derecha en otros estados.