MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado al fiscal general del estado brasileño de Río de Janeiro a investigar "exhaustivamente" la responsabilidad civil y penal de los comandantes de la Policía por la "redada policial más letal de la historia del estado", en la que murieron al menos 28 personas, y los "extensos abusos" cometidos durante la misma.
El operativo de Jacarezinho contra una banda criminal que utilizaba menores de edad para cometer asesinatos, robos y secuestros se saldó con la muerte de 27 personas, entre ellas un adolescente de 16 años, y un agente, una operación que la organización ha calificado como "desastre" y que ha causado "enorme dolor".
Además, la labor de la Policía Civil también ha sido criticada por haber desmantelado los escenarios de las muertes y no haber dado tiempo a las autoridades judiciales a confirmar cómo se produjeron los acontecimientos de aquella tarde. Algunos de los detenidos durante el operativo han asegurado que fueron obligados a cargar con los cuerpos de las víctimas hasta los furgones blindados de la Policía.
En este contexto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha urgido a la Fiscalía de Río a "investigar a fondo no solo a los agentes directamente involucrados en la redada, sino también a los comandantes de la policía civil que la planificaron e iniciaron, y garantizar la plena rendición de cuentas por los abusos y la aparente destrucción de las pruebas en la escena del crimen".
En concreto, ha pedido que se investigue si los altos mandos de la Policía que ordenaron la operación cumplieron con una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía al cuerpo, bajo pena de "responsabilidad civil y penal", llevar a cabo redadas en los barrios de bajos ingresos de Río de Janeiro durante la pandemia de COVID-19, salvo en "casos absolutamente excepcionales".
Human Rights Watch ha asegurado que "una operación de alto riesgo y a gran escala para detener a miembros de bajo nivel de una banda de narcotraficantes no entra razonablemente en esa categoría" de casos excepcionales.
Tras analizar los registros policiales, hospitalarios y judiciales, así como los testimonios de los testigos y las fotos y vídeos de los cadáveres, la organización ha encontrado "pruebas creíbles de graves abusos contra los Derechos Humanos", y aunque la propia Policía investiga estos presuntos abusos, no cumple "los requisitos necesarios para una investigación penal independiente e imparcial".
En este sentido, la organización ha denunciado que "las primeras medidas de investigación de la Policía han sido lamentablemente inadecuadas", ya que solo se ha tomado declaración a 29 agentes de los 200 que participaron en la redada.
Mientras que "la Policía debería garantizar la seguridad de las personas (...), la brutalidad y la impunidad con la que actúa en los barrios pobres de Río hacen que los residentes la vean como una amenaza para ellos mismos y para sus hijos", ha lamentado Vivanco.
Por esto, "es crucial que la Fiscalía defienda los derechos de esos residentes y el estado de derecho, y que busque responsabilidades por cualquier abuso hasta los niveles más altos del mando policial", ha precisado Vivanco.