SÃO PAULO, 21 Jun. (Notimérica) -
El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, ha señalado que la detención de los presidentes dos de las principales constructoras de Brasil, Marcelo Odebrecht (Odebrecht) y Otavio Marques Azevedo (Andrade Gutierrez), por su presunta participación en el esquema corrupto de Petrobras, no impedirá la continuidad de obras públicas federales llevadas a cabo por el gobierno.
Según ha recogido el diario brasileño 'O Globo', Cardozo dijo que las empresas pueden participar en la licitación, incluyendo las competencias relacionadas con la segunda fase del Plan de Inversiones para Logística (PIL 2) --puesto en marcha el pasado 9 de junio por el gobierno, ya que los presidentes están siendo investigados, pero todavía no han sido condenados.
Para el ministro de Justicia la exclusión de las empresas antes de la finalización de los procedimientos judiciales o administrativos sería ilegal e inconstitucional. "Cualquier decisión gubernamental o administrativa de no participar en cualquiera de las empresas investigadas, sin que inicien o que se establezca, un proceso que garantiza el principio de defensa contradictoria y llena es inconstitucional e ilegal", dijo Cardozo.
Las dos constructoras son sospechosas de corrupción, formación de cartel, fraude en las licitaciones, desvío de fondos públicos y lavado de dinero, y el detonante para las detenciones fue el testimonio del director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, que en sus declaraciones a la policía aseguró que había recibido más de 23 millones de dólares de cuentas de Odebrecht en Suiza.
Desde las empresas se han criticado las detenciones por "innecesarias", ya que según la abogada del presidente de Odebrecht, Dora Cavalcanti, los ejecutivos continuaban en el país a pesar de los rumores de que podría haber detenciones, y siempre respondieron cuando fueron llamados a dar explicaciones.
Desde que empezaron las investigaciones del escándalo de Petrobras y empezó a sonar el nombre de las empresas en los testimonios de los directivos detenidos, Odebrecht siempre afirmó ser objetivo de calumnias, y en una última nota divulgada el pasado mes de mayo remarcó que no participaba de esquemas ilícitos, "menos aún con la finalidad de pagar beneficios indebidos a servidores públicos o ejecutivos de empresas estatales".
El pasado 9 de junio, la presidenta de Brasil, Dilma rousseff, anunció un ambicioso plan de infraestructuras dotado con 198.000 millones de reales (alrededor de 64.000 millones de dólares) para modernizar los aeropuertos, estaciones de tren y de autobús, vías férreas y puertos brasileños y que ella misma considera como el verdadero pistoletazo de salida de su segundo mandato, que empezó en enero.
El llamado Plan de Inversión en Logística (PIL) es también una manera de imponer una agenda positiva en el Gobierno, que en sus primeros meses de vida ha estado marcado por el escándalo de corrupción de Petrobras, los malos datos de la economía y los primeros recortes de esta nueva era de austeridad, lo que sumado hace que Rousseff tenga una popularidad bajo mínimos.