MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía Federal (PF) ha tumbado las denuncias por prevaricación contra el presidente, Jair Bolsonaro, para quien la comisión que investigó su gestión de la pandemia solicitó la imputación al considerar que no había actuado cuando se le informó de un posible fraude dentro del Ministerio de Salud en la compra de Covaxin, la vacuna india contra el coronavirus.
El informe presentado a la juez del Tribunal Supremo que lleva la causa, Rosa Weber, apunta que Bolsonaro no tiene "deber legal" en este sentido por lo que no puede ser acusado de prevaricación. En caso de dar como buena la hipótesis de que hubiera pasado por alto estas sospechas, hubiera incurrido "en un incumplimiento cívico" y "no en una desviación de un deber funcional".
El delegado de la PF, William Tito Schuman Marinho, explica en el informe que "ante la imposibilidad de recabar pruebas concretas" sobre cada una de las dos versiones que se contraponen, que sí se actuó y que no, "no es de recibo decantarse por ninguna de ellas".
"Es bueno aclarar. No es que el presidente no pueda ser sujeto activo del delito de prevaricación para satisfacer un interés o sentimiento personal", señala además el informe de la Policía, que no ha tardado en ser criticado por los principales responsables de aquella comisión de investigación.
Es el caso de su principal relator, el senador Renan Calheiros, quien ha calificado el documento policial de "extravagante", mientras que el vicepresidente de la comisión, Randolfe Rodrigues, ha anunciado que pedirá la presencia en el Parlamento del ministro de Justicia, Anderson Torres, y director general de la PF, Paulo Maiurino, informa el diario 'O Globo'.
Las denuncias sobre este caso fueron presentadas por el diputado Luis Miranda y su hermano, Ricardo Miranda, quien trabaja para el Ministerio de Salud, durante una de las sesiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que tuvieron lugar a lo largo del año pasado.
Ambos sostienen que se reunieron con el presidente Bolsonaro para alertar de posibles irregularidades en la compra de esta vacuna. No solo denunciaron "presiones atípicas" para que se efectuara la compra de unas 20 millones de dosis, sino que también presentaron varios documentos del Ministerio de Exteriores en los que se reflejaba un precio once veces superior al estipulado por el fabricante.
Finalmente, la compra fue anulada a finales de junio del año pasado después del revuelo que las acusaciones generaron en la CPI, que, entre sus muchas conclusiones finales, solicitó la imputación de Bolsonaro por este caso.