RIO DE JANEIRO, 23 Dic. (Fundación Thomson Reuters/EP) -
Con su decisión de ampliar 20 años el periodo de vigor de una ley que permite investigar abusos laborales contra los campesinos, un tribunal brasileño acaba de asestar un duro revés a los esclavistas que han intentado agotar los recursos legales durante su detención con la esperanza de que prescribieran sus delitos.
En el centro de la decisión se encuentra el rancho de Fazenda Brasil Verde, en el norte del país, donde cientos de personas fueron encontradas bajo condiciones de esclavismo. El caso original afectaba a 340 hombres de entre 15 a 40 años, iletrados, de ascendencia africana, atraídos bajo falsas promesas de trabajo digno.
La mayoría de ellos fueron liberados durante una serie de inspecciones de trabajo que se prolongaron durante más de una década, desde 1989 a 2002, con un momento crucial entre medias: la entrada en acción del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos a petición de grupos de activistas, en 1998.
En 2016, el Tribunal dictaminó que el límite de 12 años que existía en Brasil para perseguir el esclavismo era inaplicable por tratarse de un delito contra el Derecho Internacional y ordenó al Gobierno brasileño que investigara estos casos, compensara a las víctimas y modificara la ley.
El Gobierno brasileño actuó en consecuencia, llegando incluso a crear, dentro de la Fiscalía, una fuerza especial de intervención para perseguir a los responsables. Al mismo tiempo, los propietarios del rancho presentaron una moción para anular el procedimiento, argumentando que el delito había expirado. La petición acabó rechazada.
El activista Leonardo Sakamoto recuerda cómo "durante años, los sospechosos han intentado retrasar sus sentencia, estirando hasta lo imposible los procesos hasta conseguir que prescribiera el delito, pero ahora ya no sirve esta estrategia".
BUENOS AUGURIOS
Aunque los diputados no esperan que este dictamen abra las puertas a una avalancha de reclamaciones, sí anticipan la revisión de caso especialmente graves de esclavismo que han quedado sin justicia. "Mandamos el mensaje de que estamos luchando con todas nuestras fuerzas", asegura la fiscal federal Ana Carolina Román, especializada en abusos laborales, "contra esta mancha, este mal que nos azota".
Es un paso extraordinario para un país que esperó a 1995 para reconocer oficialmente la existencia de la esclavitud, el año en que comenzó a investigar las enormes extensiones de cultivos cuyos propietarios actuaban con la más absoluta impunidad. En los últimos 20 años, más de 50.000 personas han sido liberadas, según cifras oficiales.
Los grupos pro Derechos Humanos piden más. Recuerdan que los casos siguen siendo pocos y que la mayoría de los culpables solo acaban multados. De la misma opinión es Igor Spindola, el fiscal principal del caso Fazenda Brasil Verde sobre el que espera presentar cargos en febrero.
"Esta decisión respalda y coincide con los argumentos que siempre hemos manifestado a la hora de presentar cargos, así que estamos, sin duda, ante un muy buen augurio", comenta.