Actualizado 17/12/2015 22:10 CET

El Supremo deja en manos del Senado la última decisión sobre el 'impeachment' a Rousseff

Protestas contra Dilma Rousseff
UESLEI MARCELINO / REUTERS

BRASILIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha determinado que el Senado es quien en última instancia debe decidir sobre la celebración de un juicio político ('impeachment') contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, por irregularidades en las cuentas públicas.

Seis magistrados del STF han votado este jueves en contra de lo establecido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sobre el desarrollo del proceso de 'impeachment' contra la líder izquierdista.

En su opinión, corresponde a la cámara baja impulsar el proceso de juicio político y conformar una comisión especial para que dé su opinión sobre el asunto, pero han considerado que es el Senado quien debe decidir si hay o no 'impeachment'.

Así, por ejemplo, aunque la Cámara de Diputados, por recomendación de la comisión especial, decidiera juzgar políticamente a Rousseff, si el Senado se negara, la iniciativa de 'impeachment' decaería, según informa el diario brasileño 'O Globo'.

JUICIO POLÍTICO

El presidente de la Cámara de Diputados anunció el 2 de diciembre que, después de varios meses de incertidumbre, finalmente ha decidido abrir un juicio político contra Rouseff, por las irregularidades en las cuentas públicas del año pasado.

De las numerosas solicitudes que ha recibido, Cunha se ha basado en la presentada por los juristas Miguel Realle Júnior y Hélio Bicudo que se apoya en irregularidades contables, dejando al margen el escándalo de corrupción en Petrobras.

Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), ha dado este paso poco después de que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) acordara votar a favor de que el Consejo de Ética le siga investigando por sus cuentas secretas en Suiza.

Sin embargo, el jefe de la sede legislativa ha subrayado que la decisión sobre el 'impeachment' no guarda relación con este tema. "No hay ninguna motivación política. Lo habría rechazado si no fuera conforme a la Ley", ha sostenido.