QUITO, 19 Ago. (Notimérica) -
La periodista y catedrática brasileña Manuela Picq ha denunciado este martes que fue "secuestrada por el Estado" de Ecuador durante las protestas que tuvieron lugar la noche del pasado 13 de agosto contra el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
La brasileña, que trabaja en Ecuador impartiendo clases en la Universidad San Francisco de Quito, fue detenida, según asegura, al intentar defender de la Policía a su pareja, el dirigente indígena de Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel; y pasó cuatro días en custodia policial en el hotel Carrión.
Esta semana la jueza Gloria Pinzón negó finalmente su deportación --Picq se resistía a abandonar el país-- después de que, según denuncia la brasileña, su visa le fuese cancelada sin ninguna justificación.
Picq sostiene que la decisión de la jueza demuestra el grado de ilegalidad "con la que el Gobierno actuó" ya que, asegura, fue golpeada por policías y detenida "sin ninguna razón, sin ninguna acusación de nada, sin ser detenida oficialmente" y su visa "fue cancelada sin ninguna justificación", además de que durante todos los días que la tuvieron en custodia no se le permitió el contacto con nadie, denunció en la radio Citynoticias.
La periodista asegura que sólo fue detenida por ser la compañera del dirigente indígena y por escribir sobre "temas incómodos" como por ejemplo la minería en las fuentes del agua, los derechos de las mujeres o los indígenas del Parque Nacional de Yasuní.
Asimismo, defendió que acudió a la marcha como periodista y académica, para investigar el tema y escribir sobre las protestas contra el presidente. Sin embargo, cuando arrestaron a su pareja relató que intentó defenderle de la violencia policial.
"Estaba acompañando a mi pareja, y cuando él fue arrestado no me iba a quedar de brazos cruzados diciendo: 'qué bien la Policía se lleva a mi pareja'. Tenía que defenderle, intentar detener la violencia de la Policía. Y por intentar protegerle a él fui víctima de la violencia", aseguró.
Asimismo, la también profesora argumentó que la Constitución de Ecuador garantiza los mismos derechos a los ecuatorianos y a los extranjeros y, de ser así, "los extranjeros también tenemos el mismo derecho a la participación política, a estar en eventos", defendió.
Por su parte, las autoridades ecuatorianas argumentaron que intervinieron para ayudar a la periodista porque otras personas la estaban agrediendo y aseveran que Picq no contaba con los documentos legales. Sin embargo, en la plataforma change.org aseguraron que la visa de Picq fue cancelada poco después de su detención.
El Ministerio de Exteriores de Brasil indicó antes del juicio a través de Twitter que estaba acompañando a Picq en el proceso para asegurarle la defensa, al tiempo que indicó que estaba en contacto con sus familiares y su pareja. La brasileña aseguró en una entrevista para el diario 'La Hora' de Ecuador que contaba con el respaldo del Gobierno brasileño.
Ahora Picq tiene dudas sobre su futuro en Ecuador, ya que es extranjera y necesita una visa para permanecer en el país. Según indicó, una alternativa sería solicitar la visa del Mercosur, que es la que ofrece más posibilidades laborales y que tiene una duración de dos años, ha informado el diario 'El Comercio'.
MARCHA INDÍGENA CONTRA CORREA
La marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que recorrió 700 kilómetros en 11 días para llegar a Quito, lideró la huelga general contra Correa y su gabinete desde la capital ecuatoriana.
Los indígenas llegaron el pasado miércoles a Quito después de un viaje agotador en el que se han vivido incidentes menores que se cobraron la vida de una mujer que falleció al ser atropellada, según ha informó la prensa ecuatoriana. Las comunidades nativas acudieron a este "paro nacional" con unos reclamos muy concretos que se centran en una reforma agraria que redistribuya las tierras en manos privadas y un plan educativo que contemple su cultura.
A ellos se les sumaron varios colectivos contrarios al Gobierno de Correa que expresaron su rechazo bloqueando algunas de las carreteras más importantes del país andino y levantaron barricadas incendiadas para protegerse de la acción policial.
En su caso, reclaman a Correa que dé marcha atrás en sus planes de reformar la Constitución para poder presentarse a la reelección en 2017 y que cancele también la subida de impuestos que ha anunciado para hacer "una mejor redistribución de la riqueza".