MSF expresa su preocupación por la confluencia de malaria y malnutrición en un contexto en el que el acceso resulta complicado
MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
Claudine tenía 25 años y un hijo de apenas un año cuando hombres armados atacaron su aldea y mataron a su marido este verano. Al igual que el resto de miembros de su comunidad huyó hacia otra localidad cercana pero el trauma y el dolor por la pérdida de su marido fueron demasiado para ella y terminó suicidándose. Ahora, su hijo lo cría la segunda mujer de su marido y el hermano pequeño de este.
Aunque este tipo de casos no es frecuente, es una clara señal del "trauma" que vive la población en Burkina Faso, explica María Simón, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Burkina Faso. "La población se enfrenta a una situación realmente nueva y no estaba habituada" a la violencia por lo que no ha desarrollado la "resiliencia" que sí que aprecia en otros países como República Centroafricana (RCA), donde están inmersos en un conflicto desde 2013, precisa.
El país había sido un remanso de estabilidad hasta la caída del presidente Blaise Compaoré en 2014 pero desde entonces, y en especial en los dos últimos años, se ha visto atrapado en la espiral de violencia yihadista de la vecina Malí, lo cual ha provocado "una crisis sin precedentes", resalta Simón.
Así, frente a los 8.600 desplazados que había en el país en enero de 2018 se ha pasado a más de un millón en agosto, un aumento exponencial que hace de Burkina Faso la crisis de desplazamiento que más rápido aumenta a nivel mundial.
Los continuados ataques de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en la región, la incipiente violencia intercomunitaria alentada por estos, las operaciones de las fuerzas de seguridad burkinesas y los voluntarios reclutados en su apoyo provocan "un desplazamiento en cascada", con personas que han abandonado dos y hasta tres veces sus hogares por temor por sus vidas, señala la responsable de MSF.
Quienes huyen en general lo hacen sin nada por lo que tienen todas sus necesidades por cubrir, empezando por las más básicas, como son la alimentación y el agua. Muchos de los desplazados han encontrado cobijo junto a familias en otras comunidades o han optado por ocupar escuelas y otros edificios públicos, pero otros muchos viven a la intemperie, en chozas improvisadas "en condiciones precarias", precisa.
AUMENTO DEL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN
Otra de las consecuencias que la violencia ha traído aparejada ha sido el aumento de la inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el número de personas que tienen problemas para garantizar su sustento ha aumentado en un 50 por ciento desde marzo hasta alcanzar los 3,3 millones de personas durante la actual estación de carestía que precede a la cosecha de septiembre.
Y con la inseguridad alimentaria en aumento también se está acelerando la malnutrición. De acuerdo con los últimos datos del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), hay más de 535.000 menores de 5 años con desnutrición aguda, entre ellos 156.500 con desnutrición aguda severa, lo que les deja a un paso de la muerte.
Simón reconoce que estos datos "son alarmantes" si bien por ahora el personal sanitario de MSF no ha constatado un "pico" en los casos de malnutrición que atiende. No obstante, señala que la ONG sigue de cerca la situación nutricional y "está preocupada", ya que teme que "seguramente va a haber un aumento" en el número de casos.
En realidad, una de las principales preocupaciones de MSF es la confluencia de malaria y malnutrición. Burkina Faso se encuentra inmerso actualmente en el pico estacional de la enfermedad, que en general coincide con la estación de lluvias que va desde agosto a final de año. Este año, según Simón, las lluvias están siendo más abundantes por lo que "podría haber más casos" aunque por ahora los equipos de MSF están realizando más o menos las consultas normales de esta época del año.
MALARIA, MALNUTRICIÓN Y COVID-19
"La malnutrición y la malaria son una de las causas más importantes de mortalidad de los menores de cinco años" y, de hecho, "lamentablemente matan más que la COVID-19", subraya la responsable de MSF. Aunque el país no ha quedado inmune frente a la pandemia, lo cierto es que "no estamos viendo una explosión en cuanto al número de casos".
Hasta ahora, las autoridades han contabilizado 1.692 contagios y 56 fallecidos, sin que esté claro a qué se puede deber esta baja incidencia de la enfermedad, reconoce, apuntando a factores señalados por los expertos como la baja media de edad de la población o las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de forma temprana. En todo caso, alerta, existe transmisión comunitaria y hay falta de test, los cuales se priorizan para los contactos de contagios y para quienes entran y salen del país.
MSF centra su actividad en Burkina Faso en "garantizar el acceso a la salud" a todos los niveles, para lo cual apoya la atención desde las comunidades, donde cuenta con agentes de salud encargados de tratar casos simples de malaria o diarrea y diagnosticar por ejemplo la malnutrición y que se encargan de derivar los casos más complicados a los centros de salud, que también apoya.
Dichos centros, que entre otros servicios operan como maternidad, derivan a su vez los casos más complicados a otros centros más grandes que, en último término, remiten los casos de mayor gravedad o que requieren intervención quirúrgica a los hospitales regionales. Todo el proceso cuenta con el acompañamiento de MSF que considera que este "sistema de referencia permite salvar muchas vidas".
ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
Otro de los aspectos a los que la ONG da especial prioridad es a la salud mental, habida cuenta del "elevado nivel de trauma" que hay entre la población tras haber sido en muchos casos testigo directo de la violencia. "Hay un miedo generalizado entre la población", admite Simón, de ahí el que se trate de ofrecer "acompañamiento psicológico a estas personas".
Pero a la hora de brindar asistencia hay un desafío que cada vez cuesta más superar, el del acceso a la población necesitada en algunas de las zonas más remotas, resalta la responsable de MSF.
Aunque "la violencia no está generalizada" y afecta principalmente al norte y el este del país, "la presión de los grupos armados está creciendo" mientras que por otra parte "la presencia del Estado a la hora de garantizar seguridad y servicios básicos en las zonas más rurales cada vez es más limitada" lo cual, destaca Simón, "no es una buena combinación".
Además, las perspectivas de futuro no parecen "optimistas", reconoce la responsable de MSF, que cree que "la situación va a deteriorarse" e incluso, habida cuenta de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 22 de noviembre, teme "el riesgo de una crisis postelectoral" como la vivida en Malí, donde a las elecciones parlamentarias de marzo siguieron protestas multitudinarias que culminaron en agosto con un golpe de Estado militar.
Teniendo en cuenta cómo evolucionó en los últimos años la situación en otros países del Sahel, como Nigeria o Malí, "lo más probable es que Burkina Faso siga la misma evolución" por lo que MSF está decidido a "seguir trabajando" en el país e incluso podría aumentar sus operaciones de cara a 2021. "No pensamos que la situación vaya a mejorar", remacha.