La intensficación de la actividad yihadista ha empujado al Gobierno a depender de grupos de autodefensa para garantizar la seguridad
MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Hasta 2015, en Burkina Faso no sabían lo que eran los ataques islamistas. Bajo el mandato de Blaise Compaoré, depuesto tras un levantamiento popular y un posterior golpe militar en 2014, los grupos yihadistas se mantuvieron al margen del país, presuntamente en virtud de una serie de pactos a los que habrían llegado con el veterano mandatario.
Sin embargo, en el 'país de los hombres íntegros', como lo bautizó Thomas Sankara en 1984 uniendo los términos 'Burkina', una palabra moré que significa "integridad u honor" pero también "hombre independiente" y 'Faso', un término dioula que se traduce como "país o territorio", hace tiempo que conocen bien esta lacra.
Burkina Faso se encuentra sumido en una espiral de violencia sin precedentes que dejó en 2019 unos 1.800 civiles muertos, tanto a manos de los grupos yihadistas, que operan en su territorio llegados principalmente de Malí pero también de carácter autóctono, como en el marco de una creciente violencia de carácter comunitario, que enfrenta a grupos que hasta ahora habían convivido de forma pacífica.
La marcha de Compaoré trajo consigo, además de un periodo de cierto caos y un segundo golpe de Estado fallido, el desmantelamiento del Regimiento de Seguridad Presidencial (RSF), la unidad de élite de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los expertos coinciden en señalar que esto debilitó la capacidad del Estado de afrontar la creciente amenaza terrorista.
PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE AUTODEFENSA
Esta falta de capacidad, como también de medios, de las fuerzas de seguridad burkinesas ha facilitado la proliferación de grupos de autodefensa, los conocidos como Koglweogo --término que surge de la suma de las palabras en moré 'koglgo', "vigilar", y 'weogo', "bosque"--. En realidad, estos grupos ya existían previamente y su principal cometido era el proteger a la población en las zonas rurales, evitando el robo de ganado, entre otros.
Sin embargo, la escasa presencia de las fuerzas de seguridad en amplias zonas de Burkina Faso ha provocado su proliferación hasta el punto de que un responsable burkinés ha llegado a cifrar en hasta 400.000 sus integrantes, para una población total de unos 20 millones de habitantes.
La creciente actividad de los grupos yihadistas ha provocado que cobren fuerza, realizando incluso algunas tareas que podrían considerarse antiterroristas, erigiéndose como "un proveedor de ley y orden", según incide International Crisis Group (ICG) en un reciente informe sobre Burkina Faso.
Pero al mismo tiempo, añade el 'think-tank', los intentos de estos grupos, activos principalmente en la llanura central del país, "de tomarse la justicia por su mano han llevado a enfrentamientos comunitarios, especialmente entre ellos y fulanis --o peul--, enturbiando las ya tensas relaciones" con esta comunidad, a la que se tiende a asociar con los grupos yihadistas, ya que buena parte de sus combatientes son de esta etnia.
Según resalta Philippe M. Frowd, profesor de la Universidad de Ottawa, en un reciente artículo en 'West Africa Insight', los Koglweogo se han dotado de su propio estado mayor, sus miembros incluso llevan uniformes y cuentan con un líder a nivel nacional, Rassam Kandé Naaba --el jefe de la localidad de Rassamkandé--.
Frente a ellos, según Frowd, el Gobierno burkinés ha adoptado una postura ambigua, mientras que son muchos en la comunidad policial y de Inteligencia del país los que piensan que es una "suerte" contar con estos grupos de autodefensa tan entusiastas y que además no le cuestan nada al Estado.
SUBCONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD
"Estamos extremadamente preocupados por lo que en esencia supone la subcontratación de las responsabilidades de seguridad nacional a los grupos de autodefensa", reconoce la directora para África Central de Human Rights Watch (HRW), Corinne Dufka, que incide en que esto ocurre "en el contecto de una creciente tensión étnica y un clima generalizado de impunidad".
Esta subcontratación se debe a que "las fuerzas de seguridad burkinesas están esforzándose por abordar los retos de seguridad planteados por la propagación geográfica de los islamistas armados en Burkina Faso, que han llevado a cabo varios ataques letales y audaces y demostrado una completa falta de respeto por los civiles", añade Dufka.
Ante esta situación, el presidente del país, Roch Marc Christian Kaboré, decidió el pasado noviembre la movilización de voluntarios para la "defensa" de las "zonas amenazadas" por los grupos terroristas. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 21 de enero la nueva ley para el reclutamiento de estos voluntarios.
Los voluntarios actuarán como "auxiliares de las Fuerzas de Seguridad y Defensa (FDS)" y se les exigirá "patriotismo, disciplina, disponibilidad, neutralidad, integridad y espíritu de sacrificio que puede llegar al sacrificio supremo", es decir, la muerte, según el texto legal.
LOS VOLUNTARIOS, RECLUTADOS A NIVEL LOCAL
El reclutamiento se llevará a cabo a nivel local o comunitario, y con aprobación de la población local, y recibirán a una formación sobre manipulación de armas y disciplina durante catorce días, además de un equipamiento específico. Los voluntarios no percibirán ninguna remuneración al respecto más allá de cobertura sanitaria en caso de lesiones sufridas en servicio o una prima única en caso de invalidez.
En caso de fallecimiento, el Estado se encargará del funeral, además de pagar una "asistencia financiera" a la familia, mientras que no está prevista la jubilación, aunque sí una prima de desmovilización. Por otra parte, la ley estipula que "el voluntario es responsable ante las jurisdicciones competentes de los actos reprensibles cometidos en la ejecución de sus misiones".
La movilización de estos voluntarios, que ya habrían realizado operaciones, ha generado preocupación. Desde Crisis Group previenen que "podría empeorar las cosas". "Armar a civiles sin entrenar podría empeorar las divisiones entre las comunidades locales", explica, subrayando aunque la ley "limita su armamento y confina su papel a misiones defensivas pero el Estado aún carece de la capacidad para supervisar eficientemente a los reclutas y evitar abusos".
POSIBLE USO PARTIDISTA DE LOS VOLUNTARIOS
Además, resalta el 'think-tank', "podría fomentar las tensiones políticas si los partidos --y en especial el partido gobernante-- intentan usar a estos voluntarios para fines políticos" en un año en el que Burkina Faso está llamada a las urnas para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre.
"Malí sirve de ejemplo admonitorio de los peligros de esta estrategia" de delegar la seguridad, señala por su parte Dufka. En el país vecino, "las milicias étnicas han realizado castigos colectivos contra las comunidades a las que acusan de apoyar a los islamistas", lo que se ha saldado con cientos de civiles muertos y además de agudizar la tensión étnica.
En HRW, añade Dufka, les preocupa la "agresiva estrategia antiterrorista" adoptada por las fuerzas de seguridad durante la que se ha constatado "decenas de ejecuciones extrajudiciales, lo cual solo está sirviendo para engrosar las filas yihadistas con jóvenes que buscan venganza".
Sin entrar a valorar la decisión de desplegar voluntarios, la responsable de HRW reconoce que también genera preocupación el hecho de que "el Gobierno no ha garantizado la disciplina e investigado los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad".
Así las cosas, insta al Gobierno de Kaboré a "garantizar una estrategia antiterrorista respetuosa con los Derechos Humanos, garantizar la disciplina dentro de las fuerzas civiles propuestas y ser conscientes de que tanto ellos como el personal militar responsable de supervisar serán legalmente responsables de cualquier abuso por parte de los 'voluntarios'".