MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
A pesar del compromiso del presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, la Comisión de Investigación de la ONU ha determinado que la población del país africano sigue sufriendo graves violaciones de Derechos Humanos, como torturas y asesinatos dentro de una anarquía en la que hay evidencias de crímenes de lesa humanidad, una situación que ha calificado de "nefasta".
"No solo se han seguido produciendo graves violaciones de los Derechos Humanos, sino que en algunos aspectos la situación se ha deteriorado", desde que el presidente Ndayishimiye asumió el cargo en junio de 2020, cuando se comprometió a abordar la situación en el país después de años de violenta represión, ha expuesto el presidente de la Comisión de la ONU, Doudou Diene.
Además, los resultados de la investigación muestran que la mayoría de los delitos han sido cometidos por personas con vínculos con el partido gobernante, que mientras buscaban a personas presuntamente involucradas en los ataques armados al Gobierno o colaboradores de grupos rebeldes, han atacado a "miembros del principal partido de oposición --el Congreso Nacional por la Libertad (CNL)--, ex miembros de las Fuerzas Armadas de Burundi dominadas por los tutsis y repatriados".
"Algunos fueron ejecutados, otros desaparecieron o fueron torturados mientras estaban detenidos arbitrariamente", ha detallado Diene. En este sentido, la situación de los Derechos Humanos sigue siendo "nefasta", a pesar de la disminución de la violencia política tras las elecciones del año pasado.
Actualmente, el clima político es "altamente intolerante con la disidencia", que se ha visto agravado en los últimos meses, mientras que la impunidad sigue imperante, con agentes del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR), policías y la liga juvenil Imbonerakure sin haber pagado todavía por sus crímenes.
Estos son "los principales perpetradores de esas violaciones, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad", recoge el informe de la comisión, que resalta a la vez que "siguen gozando de una impunidad generalizada por sus acciones, como ha sido el caso desde 2015".
Por otro lado, los investigadores de Naciones Unidas también han destacado la falta de reformas estructurales prometidas para promover la rendición de cuentas en el país, con un "estado de derecho que continúa erosionándose, a pesar de la intención declarada del presidente Ndayishimiye de restaurarlo", ha señalado la comisionada Franoise Hampson.
Hampson ha añadido que en Burundi, no se puede confiar en el sistema judicial "para frenar o reparar las violaciones de Derechos Humanos" y ha advertido de que el Gobierno recién elegido "sólo ha estado fortaleciendo su control sobre el poder judicial".
Durante los últimos cinco años, la comisión de ha documentado, supervisado y denunciado presuntas violaciones de Derechos Humanos en Burundi, llevando a cabo más de 1.770 entrevistas. Está previsto que presente su informe al Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre de 2021.
Ndayishimiye asumió el cargo en junio de 2020 tras su victoria en las presidenciales celebradas en mayo y a raíz de la repentina muerte a causa de un infarto del entonces mandatario Pierre Nkurunziza, quien tenía que pasar el testigo a su 'delfín' en el mes de agosto de ese año.
Las elecciones estuvieron marcadas por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).