BUENOS AIRES, 19 Feb. (Notimérica) -
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata ha condenado este jueves a cadena perpetua al ex militar Ángel Gómez Pola y al ex comisario Abel Óscar Bracken por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), en la ciudad argentina de Junín.
Además, los magistrados han condenado a 25 años a los ex policías Francisco Manzanares y Chiachietta, a 18 años a Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich, y a 15 años al ex comisario Edgardo Mastandrea. Todos los acusados resultaron privados de sus beneficios de pensiones y retiros, y el Tribunal dispuso también que los lugares en los cuales se cometieron los delitos de lesa humanidad investigados sean preservados como sitios de memoria.
A lo largo de la jornada, los magistrados escucharon los alegatos de los abogados defensores, Ariel Hernández y Paula Colombo, que pidieron en sus alocuciones la nulidad del proceso por entender que "se violó el legítimo derecho a la defensa" de sus representados, por lo que solicitaron la absolución para los imputados.
Por su parte, los fiscales a cargo del caso, Hernán Shapiro y Juan Martín Nogueira, al igual que los demandantes, rebatieron los argumentos de nulidad expuestos por la defensa, ratificando la petición de condena para los siete acusados, que oscilaba de los 19 años de prisión a cadena perpetua.
Por último, el Tribunal permitió a los imputados el derecho a pronunciar unas palabras antes del fallo y sólo dos de los acusados hicieron uso de este beneficio. El primero, el ex policía Miguel Ángel Almirón, que agradeció a "familiares, amigos y defensores el apoyo prestado a lo largo del juicio".
Después, el ex comisario Edgardo Mastandrea que denunció "el hecho de que la sociedad de Junín le haya dado la espalda a este proceso", aunque la sala donde estaban dictando sentencia, estaba llena de gente, según ha publicado la agencia de noticias argentina Télam.
Finalmente, el Tribunal desechó los requerimientos de nulidad presentados por la defensa y dictó las sentencias. Los delitos juzgados fueron calificados como "privación ilegítima de la libertad y tormentos" en perjuicio de 24 víctimas. Aunque los dos represores acusados a cadena perpetua fueron también hallados culpables de homicidio.
Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó en Junín, exactamente en la subzona 13 del área militar 131, donde Gómez Pola ejercía como jefe, entre marzo de 1976 y finales de 1977. Según la acusación, "el Estado se desdobló, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas".