BUENOS AIRES, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de Argentina ha convalidado este miércoles el decreto emitido el pasado 16 de abril por la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, para intervenir la empresa de hidrocarburos YPF.
El decreto aprobado establece "la intervención de YPF por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio y el abastecimiento de combustibles y de garantizar la cobertura de las necesidades del país".
Además, establece la designación del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del viceministro de Economía, Axel Kicillof, como interventores de la empresa de hidrocarburos.
La votación, que ha comenzado alrededor de las 13.00 horas (18.00 horas en España), se ha llevado a cabo a mano alzada y ha contado con el respaldo unánime del Frente para la Victoria (FPV), coalición oficialista, y de sus aliados en la Cámara de Diputados.
El diputado del FPV Jorge Landau ha defendido la intervención de YPF, subrayando que "ha observado todos los alcances previstos en la Constitución y en el tratados internacionales". Así, ha calificado de "falsas" las versiones que apuntan a que ha sido una "confiscación".
"El FPV no está únicamente para defender a la presidenta. Está también para defender los intereses de Argentina, y no los de las empresas privadas cuando no coinciden con los del país", ha dicho Landau, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Télam.
Por su parte, el diputado de Unión Popular (UP) Claudio Lozano ha explicado que, a pesar de que el partido político ha apoyado la intervención de YPF, no comparte la designación de De Vido y Kicillof.
En un paso más, Jorge Albarracín, de Unión Cívica Radical (UCR), ha recordado que "no está acreditado que sea correcto el uso de facultades legislativas en estos decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo", por lo que ha anunciado el rechazo de su formación.
En la misma línea, Federico Pinedo, de Propuesta Republicana (PRO), ha negado el respaldo del partido político al considerar que "lo que hay que resolver es si es bueno o malo para el futuro de los argentinos la intervención con un decreto de una empresa privada".