Publicado 03/11/2020 19:37CET

Las cámaras de seguridad en la zona del ataque contra una protesta en Lagos (Nigeria) fueron "manipuladas" y no grabaron

Protesta contra una unidad de la Policía de Nigeria acusada de abusos y asesinatos
Protesta contra una unidad de la Policía de Nigeria acusada de abusos y asesinatos - Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la empresa que gestiona las cámaras de seguridad en el área de Lekki, en la ciudad nigeriana de Lagos, ha confirmado este martes que las grabaciones de la represión de una manifestación contra la violencia policial no están completas, dado que las cámaras dejaron de grabar antes de que el Ejército abriera fuego contra los presentes, tal y como se había denunciado previamente.

El director de la compañía LCC, Abayomi Omomuwasa, ha entregado durante la jornada las grabaciones al comité que investiga los incidentes y ha agregado que hubo una "manipulación" de la red en torno a las 20.00 horas (hora local) --poco antes del tiroteo-- que provocó la suspensión de las operaciones de las cámaras.

"Nunca manipulamos las cámaras de seguridad, como probablemente se verá en la grabación, y por eso podemos ver el vídeo, hasta un poco después en el día, alrededor de las 20.00 horas, cuando hubo una manipulación y perdimos la red", ha dicho, según ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'.

Asimismo, ha resaltado que el personal de LCC no estaba presente en el lugar en el momento del tiroteo debido a que la dirección les pidió que se fueran a casa debido a las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades a causa de la pandemia de coronavirus.

"Fïsicamente no estaban. Todo lo que podemos decir hoy depende de la grabación, la cámara y el vídeo que tenemos", ha manifestado Omomuwasa. El comité, que ha aceptado las grabaciones como prueba, ha anunciado que aplaza las vistas hasta el viernes.

Los manifestantes han acusado al Ejército y las fuerzas de seguridad de apagar las cámaras en la zona, así como el alumbrado eléctrico, poco antes de que los soldados abrieran fuego contra los concentrados, en un aparente intento de ocultar pruebas de la represión.

El Ejército negó en un primer momento que hubiera soldados desplegados en la zona, si bien el gobernador de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, confirmó posteriormente que los militares habían ido a la zona a causa de las protestas.

Las movilizaciones arrancaron para protestar contra los abusos del controvertido Escuadrón Especial contra el Robo (SARS), ya disuelto, si bien han continuado debido a que los manifestantes exigen una reforma profunda en el seno de las fuerzas de seguridad para impedir que los mismos se repitan.

LA ONU PIDE ACABAR CON LA IMPUNIDAD

Durante la jornada, relatores de Naciones Unidas han reclamado al Gobierno nigeriano una investigación creíble e independiente en torno a la muerte de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en Lagos y han recordado que desde 2005 han emitido diversas condenas por "la impunidad" de los agentes responsables de asesinatos en el país.

"Hemos tenido 15 años de promesas del Gobierno, pero nada ha cambiado. Los gobiernos van y vienen, pero la brutalidad policial sigue tan inextricable como siempre. Los nigerianos necesitan justicia", han señalado en un comunicado.

Así, han indicado que el hecho de que las cámaras y las luces fueran apagadas antes del tiroteo revela "un alarmante nivel de premeditación" y han añadido que "toda investigación debe estar destinada a identificar las líneas de responsabilidad, garantizar la rendición de cuentas y la justicia, dar remedios y reparaciones y recomendar cambios estructurales y sistémicos".

"Las autoridades han prometido desde hace años abordar las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad", han recordado. "Cientos de víctimas y familiares de los que han fallecido testificaron y enviaron peticiones, sin recibir soluciones o siquiera el reconocimiento de que sus derechos fueron violados", han manifestado.

"Es crucial que el Gobierno publique todos estos informes antes de empezar nuevas investigaciones", han apuntado los expertos, que han hecho hincapié en que "es momento de que se tomen medidas concretas para analizar de forma adecuadas todos los incidentes y de que se lleven a cabo cambios estructurales para evitar que se repitan".

Por último, han mostrado su "preocupación" por el hecho de que las autoridades anunciaran la disolución del controvertido SARS para poco después anunciar "la formación de otra unidad similar sin haber puesto fin al uso excesivo de la fuerza".

ACUSACIONES DE OCULTACIÓN DE PRUEBAS

La organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó la semana pasada a las autoridades de Nigeria de intentar encubrir la muerte de manifestantes a manos del Ejército, días después de denunciar que al menos doce personas habían muerto tiroteadas en el área de Lekki.

"Lo que pasó en Lekki tiene todas las trazas del patrón de las autoridades nigerianas para un encubrimiento cada vez que las fuerzas de defensa y seguridad llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales", dijo el director de Amnistía Internacional en Nigeria, Osai Ojigho.

Así, hizo hincapié en que "una semana después, las autoridades nigerianas aún tienen muchas preguntas que responder". "¿Quién ordenó el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos? ¿Por qué fueron retiradas por adelantado las cámaras de seguridad? ¿Quién ordenó que se apagara la luz minutos antes de que el Ejército abriera fuego contra los manifestantes?", cuestionó.

"La negativa inicial sobre la implicación de soldados en el tiroteo fue seguido por la vergonzosa negación de la pérdida de vida como resultado del ataque militar contra los manifestantes", dijo Ojigho, quien subrayó que "muchas personas siguen desaparecidas y hay pruebas creíbles de que el Ejército evitó que las ambulancias llegaran hasta donde estaban algunos heridos graves".

Por ello, la ONG volvió a pedir a las autoridades del país africano que hagan rendir cuentas a los responsables del ataque contra los manifestantes y que protejan a los que estaban ejerciendo su derecho de protesta. Por último, puntualizó que al menos 56 personas han muerto desde el 8 de octubre, fecha de inicio de las protestas contra la violencia policial.

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